SALTA – Ayer, la Legislatura de Salta recibió un proyecto del gobernador Gustavo Sáenz que propone retirar la cobertura del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) a jubilados y futuros pensionados de la administración pública provincial. La iniciativa desató fuertes críticas, obligando al mandatario a salir públicamente a defender su postura. En respuesta, el diputado opositor Guillermo Durand Cornejo presentó un proyecto de declaración para repudiar la medida, calificándola como un «retroceso inadmisible en derechos sociales».
El texto enviado por el Ejecutivo busca excluir a los actuales y próximos jubilados del sistema de salud provincial, gestionado por el IPSS, que brinda acceso a servicios médicos, medicamentos y tratamientos especializados. Según el gobierno, la medida forma parte de una reestructuración para «optimizar recursos», aunque no se han detallado alternativas concretas para los afectados. El IPSS es, históricamente, la obra social de empleados estatales, y su cobertura resulta vital para adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para acceder a planes privados tras cumplir 60 años.
Guillermo Durand Cornejo en contra de cerrar el IPS
El anuncio generó conmoción en sectores sindicales y asociaciones de jubilados, quienes denunciaron un «recorte de derechos adquiridos». Ante la presión, Sáenz ofreció una conferencia de prensa para aclarar que la iniciativa «no busca dejar desprotegidos a los adultos mayores», aunque evitó especificar cómo se garantizaría su cobertura. Pese a sus declaraciones, el proyecto sigue en la Legislatura, donde será debatido en las próximas semanas.
Guillermo Durand Cornejo, uno de los dos diputados opositores en un recinto de 60 legisladores (en su mayoría aliados del oficialismo), presentó un proyecto de declaración para repudiar la medida. El texto, respaldado por argumentos jurídicos y sociales, señala que la exclusión del IPSS «vulnera derechos adquiridos, la salud y la dignidad de miles de salteños que contribuyeron durante décadas al sistema». Además, advierte sobre el riesgo de interrumpir tratamientos médicos y la falta de opciones alternativas para este grupo.
En el documento, Durand Cornejo enfatiza que los jubilados aportaron «al desarrollo de Salta con su trabajo» y subraya el rol del IPSS como «garante de continuidad en su atención médica». Critica además el contexto: «En un sistema de salud ya fragmentado, esta medida agravaría la situación de un sector que el mercado privado margina por edad». La declaración, aunque simbólica, busca sentar posición ante lo que califica como un «intento de desmantelar derechos esenciales».
Próximos pasos
Mientras el proyecto de Sáenz espera tratamiento en comisiones, la declaración de repudio necesitará el aval de la mayoría oficialista para ser aprobada, algo improbable dada la composición legislativa. Analistas políticos señalan que el conflicto refleja tensiones entre ajustes fiscales y protección social, en una provincia con altos índices de pobreza y un sistema de salud bajo presión.
El debate trasciende a Salta: pone en foco el dilema entre sostenibilidad económica y derechos sociales, especialmente hacia adultos mayores. Lo que sigue será observar si la Legislatura prioriza el argumento de «optimización» del Ejecutivo o cede a las demandas de un sector que considera la salud como un derecho irrenunciable. Por ahora, miles de jubilados aguardan en incertidumbre.
