SALTA – (Diego Nofal).- La política salteña vuelve a ser escenario de un debate que trasciende lo jurídico para adentrarse en lo ético. Gustavo Sáenz, gobernador desde 2019, parece empeñado en extender su permanencia en el poder mediante una interpretación constitucional que muchos califican de forzada. Esta vez, la estrategia no llegó desde un anuncio oficial, sino a través de la voz de Pamela Calletti, diputada nacional y jurista, quien en días recientes reactivó la polémica al sostener que el mandatario podría aspirar a un tercer período. El argumento: una reforma constitucional de 2021, promovida por el propio Sáenz, borraría de algún modo su historial previo, permitiéndole reiniciar el conteo de mandatos.
El antecedente inmediato de este modus operandi, ensayar medidas impopulares, medir reacciones y retroceder si la presión social estalla, ocurrió hace apenas un día. El intento de retirar la obra social provincial a jubilados generó tal indignación que el gobierno dio marcha atrás en cuestión de horas. Ahora, el tema es más complejo, más estructural porque se juega la legitimidad democrática.
En 2021, bajo el liderazgo de Sáenz, la Constitución de Salta fue reformada. Entre los cambios, se estableció la limitación de mandatos para el cargo de gobernador, dos períodos consecutivos como máximo. Sin embargo, según Calletti, aquella reforma no incluyó cláusulas transitorias que definieran cómo aplicar las nuevas reglas a los mandatos en curso. Por ello, afirma, el período que Sáenz inició en 2023, el segundo de su gestión, debería considerarse técnicamente como su «primer» período bajo la Constitución reformada. Así, en 2027, podría postularse nuevamente.
La diputada insiste en que esta interpretación no es caprichosa. Durante los debates de la Convención Constituyente de 2021, según sus palabras, ya había planteado que las normas rigen para actos futuros, no retroactivos. «No quedó plasmada como una norma específica, pero consta en versiones taquigráficas», defendió. Como ejemplo, citó el caso de Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia salteña, quien renovó su cargo en 2023 bajo los criterios de la nueva Carta Magna, a pesar de tener años en el puesto.
El razonamiento, sin embargo, despierta sospechas. Aplicar la misma lógica a un gobernador, cuya elección implica un mandato popular, no resulta análogo al de un cargo judicial. Mientras Ovejero fue ratificada por mecanismos institucionales, Sáenz busca alterar las reglas de juego tras haberlas modificado a su conveniencia. La diferencia es abismal.
Pamela Calletti extiende el argumento a otros cargos como legisladores e intendentes. Señala que varios políticos con múltiples períodos previos lograron revalidar sus posiciones bajo la reforma, como si esta les concediera un borrón y cuenta nueva. La pregunta es inevitable ¿puede una reforma constitucional usarse para resetear límites de mandatos, desdibujando el espíritu anticontinuista que suelen tener esas cláusulas?
La oposición ya se prepara para el contraataque. Alfredo Olmedo, Emiliano Estrada y Guillermo Durand Cornejo anunciaron que llevarán el caso a la Corte de Justicia provincial. Su objetivo es claro, que el máximo tribunal desactive esta interpretación antes de que se consolide como verdad legal. El riesgo, advierten, es sentar un precedente que permita a futuros gobernadores manipular reformas constitucionales para perpetuarse.
Operación salvataje, a cargo de Pamela Calletti
Detrás de la discusión técnica late un problema de fondo, la erosión de la confianza en las instituciones. Cuando una Constitución se reforma no solo para modernizar el Estado, sino para beneficiar a quien la impulsa, se socava su papel como pacto social. La ciudadanía percibe que las reglas son maleables, dependientes de quién las aplica.
Sáenz, hábil en el arte de la prudencia pública, aún no ha confirmado sus intenciones. Pero el silencio resulta elocuente. Al permitir que Calletti lance el globo de ensayo —tal como hizo con la polémica de la obra social—, prueba temperaturas. Si la resistencia es manejable, avanzará. Si no, retrocederá, como ya hizo.
Este juego de ensayo y error revela un cálculo frío, la democracia como campo de batalla táctico, donde los principios ceden ante la conveniencia. La reelección indefinida, prohibida en la mayoría de las constituciones argentinas, no es un derecho sino un privilegio que pocos se atreven a reclamar abiertamente. Por eso se usan intermediarios, tecnicismos, ambigüedades.
Salta enfrenta un dilema que excede lo local. En una era donde líderes populistas en todo el mundo buscan extender su poder mediante argucias legales, la provincia podría convertirse en otro caso de estudio. La interpretación que hoy defiende Calletti, por más que se ampare en debates taquigráficos, parece diseñada a medida para un gobernador que no quiere soltar el poder.
La Corte de Justicia tiene ahora la última palabra. Su fallo no solo determinará el futuro político de Sáenz, sino que definirá si la Constitución es un documento vivo sujeto a reinterpretaciones estratégicas, o un marco inquebrantable que trasciende a quienes temporariamente ocupan el poder.
Mientras tanto, la ciudadanía observa. Y recuerda: primero fue la obra social de los jubilados. Ahora, es la posibilidad de una reelección eterna. Mañana, ¿qué seguirá?
