SALTA (Diego Nofal).- El gobernador Gustavo Sáenz, en un giro que algunos calificarían de “estratégico” y otros de “oportunista”, decidió retroceder en su polémico proyecto para despojar a los jubilados de su obra social. Una medida que, de haberse concretado, habría sumado otro capítulo a la larga tradición de decisiones que parecen diseñadas para probar la paciencia de los ciudadanos. Pero lo verdaderamente revelador no fue el anuncio en sí, sino lo que vino después. En medio de una conferencia de prensa cargada de autocomplacencia por su supuesta “sensibilidad social”, Sáenz soltó una bomba. Confesó, con una tranquilidad pasmosa, que el Instituto de Previsión Social (IPS) está siendo saqueado mediante sobrefacturaciones sistemáticas. Estudios médicos innecesarios, internaciones infladas, facturas que se multiplican como por arte de magia. Todo, según él, para “recaudar”.
Aquí surge la primera pregunta incómoda. Si el gobernador conocía estos detalles, ¿por qué esperó hasta ahora para mencionarlos? Y más importante aún, ¿por qué no actuó cuando su deber legal era claro? El Código Procesal Penal no deja lugar a interpretaciones. Los funcionarios públicos están obligados a denunciar cualquier delito del que tengan conocimiento en ejercicio de su cargo. Sáenz, sin embargo, prefirió convertir la información en un espectáculo mediático en lugar de llevar el caso a la Justicia. Uno podría preguntarse si confesar irregularidades en una rueda de prensa, sin presentar pruebas ni responsables, es un acto de transparencia o una maniobra para simular contrición después de intentar recortar derechos.
El relato del mandatario provincial tiene todos los ingredientes de un escándalo previsible. Clínicas y médicos asociados al IPS habrían convertido la salud pública en un negocio privado, facturando servicios ficticios o exagerados. La pregunta que nadie parece hacerle a Sáenz es simple. ¿Cómo es posible que, siendo la máxima autoridad provincial, no haya ordenado una investigación inmediata? ¿O acaso revelar los nombres de los implicados resultaría inconveniente para ciertos intereses? El silencio sobre las clínicas y profesionales involucrados no solo alimenta la desconfianza, sino que sugiere una complicidad pasiva. Después de todo, denunciar un delito sin identificar a los responsables es como anunciar un incendio sin señalar la ubicación del fuego.
Resulta difícil ignorar el tono casi casual con el que el gobernador describió el saqueo al IPS. Habló de sobrefacturaciones como si se tratara de un error contable menor, no de un delito que afecta a un sistema ya precarizado. Mencionó estudios innecesarios, pero omitió detallar cuántos pacientes fueron sometidos a procedimientos superfluos, cuántos fondos se desviaron, cuántas personas podrían haber sido perjudicadas. En lugar de asumir la responsabilidad de frenar el esquema, optó por usar la revelación como cortina de humo. Un guiño a la opinión pública para que olvide que, hace apenas días, él mismo promovía un recorte que habría dejado a los jubilados en una situación aún más vulnerable.
El cinismo alcanza su punto máximo cuando se recuerda que Gustavo Sáenz no es un ciudadano cualquiera que comenta rumores en una cafetería. Es la cabeza de un gobierno provincial que, por definición, debería garantizar que el IPS funcione con eficiencia y transparencia. Si las sobrefacturaciones son tan evidentes como sugiere, ¿dónde están los sumarios administrativos? ¿Las auditorías? ¿Las denuncias penales? La falta de acción no solo viola la ley, sino que normaliza la corrupción. Parece que, en el mundo de la política, confesar un delito sin consecuencias es el nuevo estándar oficial.
Pero quizás lo más preocupante sea el mensaje que se envía a la ciudadanía. Si un funcionario de alto rango puede admitir irregularidades graves sin enfrentar repercusiones, ¿qué impide que otros repitan el modelo? La impunidad, como bien se sabe, es el caldo de cultivo perfecto para que los abusos se multipliquen. Sáenz tiene una deuda pendiente. No basta con retirar un proyecto impopular ni con soltar verdades a medias en una conferencia. La obligación ética, y legal, exige que lleve hasta las últimas consecuencias su propia denuncia. Mientras no lo haga, su discurso seguirá sonando a teatro bien ensayado, y el IPS continuará siendo, en palabras del propio gobernador, una caja registradora para unos pocos.
Al final, la pregunta persiste. ¿Fue esta conferencia un acto de sinceridad tardía o un cálculo para lavar su imagen tras el desastre político que él mismo provocó? La respuesta, como los nombres de las clínicas implicadas, parece guardarse bajo llave.
