SALTA – (Diego Nofal).- En una conferencia de prensa que bien podría servir de guion para una tragicomedia política, el gobernador Gustavo Sáenz dio un giro inesperado, algo así como un plot twist en la novela de la siesta, al anunciar que retiraba el polémico proyecto que dejaba a los jubilados sin la obra social provincial. La medida, que habría empujado a miles de personas mayores a una situación aún más precaria que la que ya enfrentan, generó rechazo inmediato.
Pero lo verdaderamente sorprendente no fue el retroceso, sino la confesión del propio mandatario. Entre líneas, casi como si estuviera compartiendo un chisme en una reunión de café, Sáenz admitió que en la provincia existe una “enorme sobrefacturación” destinada a perjudicar a la obra social. Es decir, reconoció un delito en vivo y en directo, sin filtros ni subtítulos. Todos nos preguntamos ¿Pedro García Castiella no piensa investigar los delitos que denunció Gustavo Sáenz?
El código procesal de la nación es claro. Si un funcionario público tiene conocimiento de un delito en ejercicio de su cargo, está obligado a denunciarlo. Sin excusas, sin medias tintas. Sin embargo, el gobernador, en lugar de cumplir con su deber, optó por convertir la conferencia en un monólogo entre la autocrítica y la justificación. Pero aquí hay otro personaje en esta obra que merece su propio soliloquio. Pedro García Castiella, el procurador general de la provincia, conocido por su prisa en perseguir casos que, casualmente, suelen incomodar a opositores o medios críticos, esta vez parece haberse quedado sin batería.
Una figura que no hace nada
García Castiella, cuyo celo jurídico explota con la máxima celeridad cuando se trata de investigar a quienes desafían al gobierno, ahora guarda un silencio que, aunque al gobierno no le guste, se escucha. Mientras los jubilados luchan por no caer en el abismo de la desprotección, el procurador no ha presentado recursos, no ha exigido investigaciones, ni siquiera ha emitido un comunicado de rigor. Su inacción contrasta con episodios previos, como aquel en el que gastó millones de pesos del erario público para perseguir a dos usuarios de Tik Tok cuyos videos, con apenas 60 mil reproducciones, fueron considerados una “amenaza” a la estabilidad gubernamental. Ahora, frente a un delito confeso que afecta a miles de personas, parece haber adoptado la filosofía del “siga, siga” nuestro de cada semana.
Hay dos delitos sobre la mesa, y ambos merecen atención urgente. El primero es la estafa a la obra social provincial, un mecanismo de desvío de fondos que, según la propia voz del gobernador, ha sido sistemático. El segundo es la omisión de Sáenz al no denunciar estos hechos, a pesar de su obligación legal. Si un ciudadano común admite públicamente un crimen, las consecuencias serían inmediatas. Pero cuando quien lo hace es un funcionario electo, la justicia parece moverse al ritmo de un vals en cámara lenta.
Pedro García Castiella y una justicia lenta
Resulta curioso cómo ciertos principios legales se diluyen cuando los implicados están cerca del poder. García Castiella, cuyo historial sugiere que no le tiembla el pulso para judicializar hasta el más mínimo rumor si este sirve a intereses partidarios, ahora parece paralizado. ¿Será que algunos delitos son más iguales que otros? ¿O que ciertas denuncias solo se activan cuando conviene a la narrativa oficial? La pregunta flota en el aire, junto al olor a café frío de las ruedas de prensa olvidadas.
Mientras tanto, los jubilados, esos fantasmas incómodos de un sistema que los descarta tras años de trabajo, siguen esperando respuestas. Su obra social no es un lujo, es un salvavidas. Pero en esta provincia, donde la sobrefacturación es un secreto a voces y la justicia parece selectiva, ese salvavidas tiene agujeros. Y aunque el gobernador haya retrocedido en su intento de quitárselo por completo, la amenaza de hundirse sigue latente.
Un silencio que asusta
El silencio del procurador no es solo una falta a su deber. Es un mensaje claro sobre prioridades. Gastar recursos en perseguir videos de redes sociales puede ser absurdo, pero ignorar un delito que debilita instituciones clave es, directamente, una complicidad disfrazada de burocracia. Si la justicia no actúa con la misma velocidad con la que se comparte un meme, ¿qué queda para quienes no tienen voz ni algoritmos que los amplifiquen?
Al final, este episodio deja una lección incómoda. En política, los arrepentimientos tardíos y las confesiones casuales no sustituyen a la rendición de cuentas. Y en justicia, la selectividad no es solo un error, es una traición a la equidad. Mientras el procurador busca tal vez el filtro adecuado para maquillar su inacción, los jubilados siguen ahí, recordándonos que, en algún lugar entre los Tik Toks y las conferencias, hay vidas que dependen de que alguien haga su trabajo. Aunque sea sin música de fondo.
