SALTA (Diego Nofal).- La sombra de lo público proyecta una duda larga sobre la supuesta independencia del diario Qué Pasa Salta. Durante años, este medio se presentó como una voz crítica y autónoma dentro del paisaje mediático salteño. Sin embargo, una reciente y meticulosa investigación de El Intra Salta ha desvelado una realidad muy distinta, una que cuestiona profundamente los fundamentos mismos de su operación.
El corazón de esta revelación late en la figura de su dueño, el intendente Emiliano Durand, cuya narrativa pública de exitoso empresario mediático se desmorona ante la evidencia de haber sido, por dieciocho años, un empleado estatal. Esta dualidad no es un caso aislado, sino el patrón que define a Qué Pasa Salta.
La investigación no se detuvo en Durand. Arrojó luz sobre los cimientos mismos del diario, demostrando que sus socios fundadores y figuras clave comparten la misma condición de empleados públicos. Marina Soler Carmona y Marcos Illesca, pilares del proyecto junto al intendente, han desarrollado sus carreras profesionales dentro del aparato estatal.
De igual modo, Juan Manuel Chalabe, quien ejerció como Editor del medio, ha percibido su salario de las arcas públicas durante años. Todos ellos, mientras construían y dirigían un medio que proclamaba hacer «periodismo independiente», estaban ligados económicamente al Estado que, teóricamente, ese mismo periodismo debía fiscalizar. La contradicción es flagrante.
Este patrón, lejos de ser un vestigio del pasado, parece extenderse hacia la actual operación cotidiana del diario. La investigación señala ahora a periodistas activos en la redacción de Qué Pasa Salta que también figuran como empleados públicos. Guadalupe Biella, reconocida firma del medio, aparece en esta doble nómina.
Qué Pasa Salta y su manto de impunidad
Más aún, la figura del Encargado Audiovisual de Qué Pasa Salta saltó a la polémica recientemente, no solo por su condición de empleado estatal, sino por quedar inmiscuido en un bochornoso escándalo. Este individuo fue señalado por burlarse públicamente de una concejal, perteneciente al mismo espacio político oficialista que, paradójicamente, es la fuente última de su salario público y el entorno político de sus jefes en el diario.
Este episodio de burla hacia una representante electa del oficialismo, el mismo sector que sostiene económicamente al burlador y a la estructura del diario para el que trabaja, trasciende lo meramente bochornoso. Es sintomático de una profunda distorsión en las relaciones de poder y una alarmante falta de ética periodística básica.
Revela una impunidad peligrosa, la sensación de que quienes operan desde Qué Pasa Salta se perciben por encima de cualquier escrutinio, protegidos por su doble condición de «periodistas» y funcionarios o contratados del sistema que deberían vigilar. La supuesta función de control se convierte en su opuesto, en una herramienta de presión o desprecio selectivo.
Vivir del Estado
La sospecha que durante mucho tiempo flotó en el ambiente salteño cobra ahora una fuerza inusitada. Siempre se rumoreó, con insistencia, que Qué Pasa Salta era un emprendimiento construido casi en su totalidad con aportes estatales, que los salarios de sus trabajadores, o al menos de una parte significativa de ellos, provenían de contratos con entidades públicas.
La investigación de Intra Salta, con nombres, apellidos, cargos y trayectorias documentadas, transforma esas sospechas en una acusación concreta y muy difícil de refutar. La evidencia presentada es robusta y apunta a una estructura financiera opaca y potencialmente irregular..
La existencia de un medio de comunicación cuyos dueños, socios principales y periodistas clave son simultáneamente empleados o contratados del Estado provincial o municipal plantea gravísimas interrogantes. ¿Es posible ejercer un periodismo genuinamente independiente y crítico cuando la fuente de sustento económico personal proviene directamente de las mismas instituciones que se deberían fiscalizar? ¿No existe aquí un conflicto de intereses insalvable, una dependencia estructural que anula cualquier pretensión de autonomía? La línea entre el servicio público informativo y la propaganda o la protección de intereses particulares se difumina hasta casi desaparecer.
Un medio dependiente
Qué Pasa Salta enfrenta una crisis de credibilidad existencial. Las revelaciones sobre el origen estatal de sus principales figuras, extendiéndose ahora a su plana periodística activa, y el escándalo de la burla a una concejal oficialista por parte de uno de sus empleados/periodistas estatales, dibujan un cuadro de profunda hipocresía institucionalizada.
Este caso demanda una investigación profunda y transparente por parte de las autoridades competentes, incluyendo los órganos de control del Estado y la Justicia. La sociedad salteña merece medios de comunicación que sirvan al interés público, no a los intereses particulares de funcionarios públicos disfrazados de empresarios de la prensa. La ventriloquia estatal no puede suplantar al periodismo libre. La verdadera independencia, parece claro, nunca residió en las páginas de Qué Pasa Salta.
