SALTA – El juez Ariel Oscar Lijo, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional
Federal N°4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, formó parte de un
importante combo de jueces y camaristas de Comodoro Py que visitaron Salta
para conocer más sobre el sistema acusatorio, vigente en esta provincia y
Jujuy desde 2019.
El lunes pasado a la mañana, a diferencia del resto, Lijo llegó a Salta al mediodía, en
otro vuelo distinto al de sus pares. Por eso, no participó de una visita guiada
a oficinas de la Defensoría y Fiscalía, lo que si hicieron sus colegas: Mariano
Llorens, Sebastián Ramos, Sebastián Casanello, Julián Ercolini, Alejandro Catania,
Eugenia Capuchetti, Marcelo Martínez de Giorgi y Eduardo Farah. El listado se
completó con los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, de la Cámara
Federal de Casación Penal.
Lijo, según fuentes judiciales, permaneció recluido en el hotel que alojo a los
jueces, en calle Belgrano y 25 de Mayo. Esto se vio confirmado en la foto que
la comitiva se tomó y fue difundida oficialmente por el Ministerio de Justicia
de la Nación, organizadora del evento.
Algunos asistentes locales indicaron que vieron al magistrado, aunque no
fuera del hotel ni en otras reuniones organizadas fuera de ese edificio,
incluso, se dijo que se fue antes, al parecer, en un vuelo privado. En la foto,
sin embargo, el juez se muestra alegre, aunque con algunos kilos de más y con
una tupida barba, lejos de la imagen que lucía hace unos meses, cuando en el
Congreso de la Nación se debatió su pliego para integrar la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Frustración
Como se sabe, el magistrado, junto a otro conocido en Salta, Manuel García
Mansilla, fue propuesto por el presidente de la Nación Javier Milei. Su pliego,
sin embargo, fue rechazado por el Senado de la Nación el 3 de abril pasado
por 43 votos contra 27. Lijo obtuvo su cargo en el año 2004, de la mano del ex presidente Néstor Kirchner.
A los dos años, en 2006, llegó a sus manos una denuncia radicada por
la entonces diputada nacional Elisa Carrió. En su momento, cuestionaba la licitud de la operación de venta del paquete accionario de YPF. Estaba en poder
del Estado, y a favor del citado grupo empresario.
Como se conoció en los últimos días, la jueza de Nueva York, Loretta Preska,
en el marco del litigio internacional por la expropiación forzosa de YPF condenó a la Argentina a entregar el 51 % de las acciones de la petrolera. Esta
orden trajo a la memoria la denuncia de Carrio del 2006, de hace 19 años,
tiempo en el que Lijo, caracterizado por cajonear expediente de alto
impacto, no movió la causa.
Tal vez, por ello, el magistrado buscó evitar el contacto con los medios, como
así también con sus colegas. No obstante, no fue para dar explicaciones de la causa de YPF, sino para evitar su frustrado intento por llegar a la Corte, algo que, al
parecer, no es de su agrado explicar.
En su trayectoria, sin embargo, Lijo tuvo intervención en otras causas de
peso. Resuena la del atentado a la AMIA, por la cual envió a juicio al ex
presidente Carlos Menem, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez
Juan José Galeano.
Hace dos años, en tanto, se quedó con la causa por el atento contra la mutual
israelita que lleva 30 años de impunidad. Pero de todas, la que más lo destaca
es la causa penal seguida contra el ex vicepresidente Amado Boudou, en pleno
ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica.
Boudou terminó siendo enviado a juicio oral y resultó preso. Lijo fue blanco
de numerosas críticas en el plano político y judicial. Gran parte de ellas
parten de la líder de la Coalición Cívica, quien lo sindicó de integrar una
asociación ilícita junto a su hermano y el ex ministro de Planificación Julio
De Vido para evitar el avance en determinadas causas por corrupción.
Casanello
Entre otros jueces, se encuentra Casanello, a cargo del Juzgado Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal 7 de CABA, cuyo nombre tuvo notoriedad
en esta ciudad, cuando se conoció que había solicitado la causa penal seguida
contra el diputado nacional, Emiliano Estrada por el delito de peculado, lo
que fue rechazado por la jueza federal Mariela Giménez.
Casanello llevó adelante causas penales complejas sobre crimen organizado,
entre ellas figura el caso Lázaro Báez y la causa por corrupción y sobornos en
la empresa estatal AySA, vinculada con el escándalo internacional del
LavaJato de la firma brasilera Odebrecht S.A. No sólo procesó a Báez, sino que lo llevó a juicio oral y público junto a otros 24 imputados por el delito de lavado de activos agravado.
Dicha causa culminó con condena a prisión, multas y decomisos millonarios, tanto a ellos como a las empresas involucradas en las operaciones ilícitas. Tras su paso por esta ciudad, Casanello regresó a Buenos Aires. Allí, citó a otro peso pesado, como el ex presidente Alberto Fernández, a quien investiga por el caso de los seguros. Se trata de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales.
Los nombres de Petrone y Barroetaveña, jueces de la Sala I de la Cámara
Federal de Casación Penal, tampoco pasaron desapercibidos. Fueron los que anularon el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por el
memorándum con Irán. También intervinieron en el caso Hotesur y Los
Sauces, en la cual la ex presidenta es investigada junto a su hijo Máximo por
lavado de dinero de la corrupción. Barroetaveña, en tanto, fue uno de los
jueces que confirmó la condena de ex presidenta en la causa Vialidad.
Por último, también resalta el nombre del juez Farah, apuntado por supuestos
vínculos político con el kirchnerismo. Está señalado por haber dispuesto –
con su voto- la liberación del empresario K Cristóbal López y su socio Fabian
De Souza.
La visita de todos los magistrados se hizo de cara la implementación del
sistema acusatorio, programado para su desembarco en Comodoro Py para el
próximo 11 de agosto. Sin embargo, no hay seguridad de que así sea, pues existe
resistencia de los magistrados a la fecha y al modelo judicial, pues le quita
prácticamente todo el poder que hoy ostentan.
