SALTA (Pablo Kosiner) .- La Constitución Nacional no es un obstáculo para el poder: es su límite. Pero el gobierno de Javier Milei parece estar decidido a reinterpretarla o, directamente, ignorarla cuando se interpone en su camino. Desde que asumió, viene desplegando una estrategia sistemática de manipulación constitucional, intentando adaptar las reglas de juego a su medida para imponer un modelo de gobierno concentrado, sin contrapesos y al margen del orden institucional.
El caso más reciente y flagrante es el Decreto 534/2025, mediante el cual vetó en un solo acto tres leyes distintas aprobadas por el Congreso de la Nación. Esta maniobra no solo contradice el procedimiento previsto en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, que establece que los vetos deben ejercerse ley por ley y con fundamentos específicos, sino que busca anular la voluntad del Poder Legislativo en temas tan sensibles como la movilidad jubilatoria, el financiamiento universitario y la protección del empleo. Pretende, por la vía de un decreto, suplantar el debate democrático.
No se trata de un caso aislado. Apenas asumido, Milei firmó el DNU 70/2023 con el que pretendió derogar y modificar más de 300 normas de distinto rango y naturaleza, alterando pilares fundamentales del derecho laboral, comercial y de la salud pública. El Congreso no había delegado tales facultades, ni podía hacerlo en semejante escala. Sin embargo, el Ejecutivo actuó como si el Poder Legislativo no existiera. A la fecha, este decreto sigue vigente en gran parte gracias a las dilaciones judiciales, lo que constituye un precedente peligrosísimo.
Como si eso fuera poco, el gobierno intenta ahora designar jueces de la Corte Suprema por decreto, sin respetar el procedimiento de acuerdo del Senado establecido en la Constitución. La Corte no solo es el máximo tribunal de justicia: es la última garantía frente a los excesos del poder. Colonizarla sin control parlamentario implica romper el equilibrio republicano y consolidar un esquema de hiperpresidencialismo inédito desde el retorno democrático.
A este combo se suma el intento de obtener facultades delegadas amplias y difusas mediante leyes como la “Ley Bases”, que otorgan al Ejecutivo atribuciones que constitucionalmente pertenecen al Congreso. Se busca institucionalizar un sistema de gobierno donde el presidente legisla, nombra jueces, deroga normas y decide unilateralmente sobre el presente y el futuro de los argentinos. Un régimen donde el Poder Ejecutivo deja de ser uno de los tres poderes del Estado para convertirse en el único.
No estamos frente a una simple “audacia reformista” o a una lectura liberal de la Constitución. Estamos ante un intento deliberado de vaciar de contenido el pacto democrático, de suplantar el pluralismo por el verticalismo, y de transformar una república en un poder personalista sin controles.
Gobernar sin la Constitución no es gobernar mejor ni más rápido: es gobernar por fuera de la democracia.
