SALTA (Pablo Kosiner) – Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, Argentina lejos de convertirse en un destino atractivo para las inversiones extranjeras producto de un “shock de confianza” prometido, atraviesa un éxodo sostenido de empresas multinacionales que deciden abandonar el mercado, vender sus activos o suspender sus operaciones.
Según un relevamiento publicado ayer por el diario Clarín, ya son al menos trece las compañías extranjeras que, en solo un año y medio de gobierno, decidieron irse del país. Se trata de un dato elocuente que contradice el relato oficial de apertura económica, reglas claras e incentivos para grandes inversores.
Las salidas abarcan sectores estratégicos como el financiero, energético, industrial, tecnológico y de consumo masivo. Abandonaron el país gigante como HSBC, ExxonMobil, Procter & Gamble, Clorox, Nutrien, Makro, Xerox, Mercedes-Benz y Telefónica, entre otras. Esta última concretó en febrero la venta de su filial argentina al Grupo Clarín por 1.245 millones de dólares, en una operación que incluso motivó reparos públicos del propio Milei, quien amenazó con aplicar la ley antimonopolio, pero que no impidió la transacción.
A este listado se suman ahora nuevas señales preocupantes: Carrefour —uno de los principales supermercados del país— ha confirmado que está negociando su retiro del mercado argentino. Las razones que explican esta ola de desinversiones no se limitan al ajuste fiscal. El clima de negocios sigue siendo incierto, el mercado interno está contraído por la caída brutal del consumo, el poder adquisitivo se desplomó y no hay previsibilidad cambiaria ni financiera.
La promesa de que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) traería un aluvión de capitales productivos parece, hasta ahora, más una expresión de deseo que una política con resultados concretos.
A este cuadro se suma el análisis de uno de los bancos más influyentes para el gobierno: JP Morgan. En su último informe, el banco advirtió que si bien las apuestas en pesos generaron rendimientos atractivos en el corto plazo —ganancias de más del 10% en dólares en solo dos meses—, las condiciones estructurales no están dadas para sostener ese optimismo. Recomendó cerrar posiciones en pesos y esperar, es decir, desarmar el famoso “carry trade” que sostenía parte de la estabilidad financiera del gobierno.
Aunque el mismo informe reconoce avances en la acumulación de reservas y proyecta crecimiento para 2025, lo cierto es que esa visión más favorable a mediano plazo no se traduce, hoy, en decisiones de inversión reales. El capital especulativo entra y sale rápidamente, pero el capital productivo directamente no entra, o peor: se va.
Este fenómeno tiene un costo concreto para el país y, especialmente, para las provincias. Porque estas empresas no solo aportaban inversión y tecnología, sino también empleo, logística, competencia y redes comerciales que estructuraban territorios enteros. Su salida no solo deja un vacío económico sino también un retroceso en términos de desarrollo federal.
Lo que queda, muchas veces, son activos depreciados que terminan en manos de grupos económicos locales sin que eso implique necesariamente mayor inversión ni mejores condiciones para los consumidores.
Así, mientras el discurso oficial celebra superávits fiscales a costa de la recesión y la parálisis productiva, la economía real muestra señales alarmantes: empresas que se van, inversiones que no llegan, mercados que se achican.
La Argentina de Milei no está siendo tierra prometida para el capital. Más bien, se está convirtiendo en un territorio de repliegue y espera. Y cuando hasta los bancos que supieron respaldar el modelo recomiendan mirar desde afuera, la ilusión de que la libertad económica traería prosperidad sin intervención estatal ni protección del mercado interno queda desnuda.
Si el gobierno no corrige el rumbo, y no articula una política que combine estabilización macroeconómica con desarrollo productivo, inclusión social y visión federal, el costo no será solo económico: será estratégico. Porque no hay libertad posible en un país sin empresas que quieran quedarse y nueva inversiones productivas que ingresen.
