El poder corruptor del narcotráfico ya no dejó compartimentos estatales sin corromper en la provincia. Un empleado forjado por 20 años en la Justicia de Salta fue condenado por una operación de tráfico de 23 kilos de marihuana.
Daniel Fernando Aponte, juzgado junto a dos cómplices que recibieron una pena de 6 años de cárcel, tuvo un rol superior en un transporte de droga descubierto el 21 de diciembre del 2024 en la ruta 5, en la localidad de Joaquín V. González.
Aponte, quien puso una camioneta para la maniobra, controló el viaje y, cuando el transportista fue detenido, pagó un defensor para evitar que declare, no era uno más en la cadena delictiva, ya que, más allá de ser el jefe de la banda, se desempeñaba como empleado del Poder Judicial de Salta desde 2005.
El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por la jueza Marta Snopek (presidenta), Gabriela Catalano y Diego Matteucci, condenó este jueves a Daniel Fernando Aponte, empleado del Poder Judicial de la Provincia de Salta, a 7 años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
A su lado, fueron condenados Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes recibieron una pena de 6 años por el mismo delito. Por último, en su veredicto, los jueces dispusieron el decomiso de una camioneta Kia Sorento, utilizado para el transporte de la droga y perteneciente a una empresa de transporte, de la cual Aponte es socio.
El fallo -dictado de manera unánime- respondió al requerimiento de la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal, quien llevó adelante el caso desde su inicio, investigación en la que también intervinieron la auxiliar fiscal Vanina Pedrana y el abogado José Manuel Lavilla.
El caso surgió a raíz de un control vehicular realizado por Gendarmería Nacional en la ruta provincial 5, a la altura de la ciudad de Joaquín V. González el 21 de diciembre del 2024. En esa tarea, es que detuvieron la camioneta, la que era conducida por Luna, quien informó que provenía de Pichanal, en el norte de la provincia, y se dirigía a Rosario de la Frontera, en el límite con Tucumán.
Mientras revisaban los papeles del vehículo, uno de los gendarmes observó en el baúl varias monturas de caballos, por lo que solicitó al chofer que las corriera para ver que había debajo. Luna se negó y eso llevó a los gendarmes a moverlos ellos mismos, momento en que descubrieron que los dos paneles laterales habían sido manipulados.
Paquetes
Tras informar de ello a la Unidad Fiscal, y bajo directivas de la fiscal, se avanzó con una requisa más profunda. Al abrirlos, encontraron ocultos y distribuidos en diferentes sectores de la camioneta 24 paquetes, equivalentes a un peso total de 23 kilos y 663 gramos de marihuana con una capacidad suficiente para producir 438.304 dosis.
Luna fue detenido y a los dos días, la fiscal formalizó la investigación penal en su contra, aunque no todo terminó ahí, pues el equipo de dicha área trabajó con varias diligencias, entre ellas el análisis del teléfono celular secuestrado al chofer.
Fue así, como las tareas de campo e inteligencias encomendadas al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, permitieron establecer la participación en la maniobra de tráfico de Peralta, detenido el 25 de febrero de este año, y finalmente del empleado judicial, el 18 de marzo, bajo la calificación ya de transporte agravado por el número de intervinientes.
Un grave daño
Abierto el juicio, los acusados optaran por no declarar, por lo que el tribunal dio paso a la etapa de pruebas, circunstancias en que la fiscalía desarrolló su teoría del caso, la que tenía a Aponte en un rol superior, con un absoluto dominio de la droga, incluso como inversor.
Sostuvo que Luna fue el transportista, un eslabón de menor escala, pero no por ello con menor responsabilidad. Peralta, en tanto, fue considerado en un rol mayor, encargado de controlar el trayecto del estupefaciente, desde Orán a Rosario de la Frontera.
Para probarlo, la fiscal contó con el testimonio de los efectivos que participaron del procedimiento, al igual que los investigadores, peritos y analistas, quienes se mostraron sin titubeos respecto al rol de cada uno de los acusados.
Al momento de su alegato, ratificó con grado certeza la participación de los tres imputados en el transporte de 23 kilos de marihuana desde el norte provincial a Rosario de la Frontera, donde se iba a comercializar dicha droga.
Señaló que la marihuana incautada tenía un porcentaje nocivo alto, algo que ya es motivo de preocupación en los últimos meses. “Rosario es una de las ciudades que sufre mucho el flagelo de la droga, no solo por el consumo en distintas edades, sino también advertimos que, detrás de cada delito ordinario, como un robo o de violencia, hay siempre una situación de adicción e ingesta de drogas”, resaltó.
En este contexto, “tenemos a los tres imputados”, que residen en esa localidad, embarcados en una maniobra dirigida a perjudicar a “sus propios vecinos”. Un dato no menor, es que “Rosario tiene una población de 33.809 personas, mientras que la droga que los acusados pretendía comercializar allí tenía una capacidad de producción de 438.304,161 dosis, o sea, una cantidad de 12.96 dosis por cada habitante”, reveló la fiscal.
Una acción planificada
Sobre la logística de la maniobra, la división de roles y la responsabilidad que cada uno tuvo en la empresa criminal, la fiscalía confirmó que existió un “plan común” entre los acusados, aunque las motivaciones fueron distintas, ya que, mientras Luna y Peralta intervinieron por un rédito económico, Aponte lo hizo “con fines de lucro”.
En ese sentido, repasó una a una las pruebas que la llevaron a determinar las imputaciones presentadas. Destacó el rol del empleado judicial como clave y en una escala superior, pues tenía conocimiento acabado de lo que hacía, pues se desempeñaba en un juzgado de Garantías, del fuero penal. Destacó su larga carrera judicial, la que se inició en el año 2005 y atravesó varias reparticiones, con lo cual confirmó su experticia en materia criminal.
Además, remarcó el hecho de que su posición económica era satisfactoria, pues era socio con otro pariente de la firma Aponte SRL, una empresa de transporte interurbano. Dijo que la camioneta usada para acondicionar la droga y transportarla era un bien de dicha firma, lo que afectó el desarrollo del servicio y su posterior cierre.
Del teléfono de Luna, en tanto, confirmó los nexos comunicativos con Peralta y Aponte, quienes llamativamente se deshicieron de sus líneas tras la detención de Luna. El empleado judicial, directamente cambió todo el equipo, mientras que Peralta, solo el chip.
Explicó que, tras acordar el plan delictivo, Luna y Peralta viajaron juntos hasta el norte de la provincia, probablemente a Orán, donde recibieron la droga, la que fue acondicionada en numerosos paneles fabricados dentro del rodado, en el piso, en los paneles laterales y hasta en el techo, dándole en este aspecto crédito a los gendarmes por su sagacidad en descubrir los paquetes ocultos.
Destruyó las hipótesis defensivas, entre ellas la intentada por la defensa del funcionario judicial, quien trató de justificar la entrega del rodado a Luna con un fin de venta en la ciudad de Metán, cuando de los mensajes recuperados se advierten diálogos en los que Aponte es informado que Luna ya estaba en Orán e iba alojarse en un hotel, sin que esto lo sorprendiera.
“Aponte sabía que Luna no fue a ver a ningún posible comprador, sino a buscar la droga y que Peralta iba con él, por eso en el teléfono de Luna no había cruces de mensajes o llamadas con quien ejercía el rol de controlador”, explicó.
Al regresar, ya con la droga, Peralta tomó distancia y retornó en otro vehículo, mientras que Luna lo hizo solo. Explicó que esto es normal en las actividades de narcotráfico, pues los que tienen mayor dominio de la droga siempre tratan de poner lejos de la sustancia.
Pero no lo suficiente, como para perder el control. En esa tarea, precisamente, Peralta llamó nueve veces a Luna, a quien le sonaba el teléfono en momentos que se llevaba adelante la requisa de la camioneta, lo que prueba la relación del controlador con el transportista.
La intervención clave
Luego, enterados de que la droga había sido incautada, Aponte toma cartas en el asunto y se comunica con un abogado de la provincia de Tucumán, a quien le paga para que asuma la defensa de Luna, pero no por un ánimo solidario, sino para evitar que declare, siendo éste el consejo que dicho profesional le dio al conductor, quien se mantuvo en silencio en la formalización del caso.
En base a los informes del celular de Luna, el único que no pudieron neutralizar, se pudo establecer que Aponte tuvo una intensa actividad de monitoreo sobre el transportista y su ruta de viaje. Los llamados se acrecentaron cuando Luna ya estaba próximo a llegar, circunstancias en que dejó de reportarse debido a que había sido detenido.
Desarrollada la descripción del hecho, el rol de cada uno de los acusados y las pruebas obtenidas, la fiscal dio por acreditada la responsabilidad penal de los tres imputados, como coautores. Las defensas, en tanto, apelaron a tratar de ampararse en el beneficio de la duda, o bien, justificar un rol secundario de sus defendidos.
El tribunal, en cambio, desechó dichas postulaciones y, en coincidencia total con la fiscalía, declaró la responsabilidad penal de los tres imputados, a lo que siguió el juicio de determinación de pena, instancias en la que el MPF propuso para Aponte la pena de 7 años y 6 para Luna, las que fueron concedidas.
Respecto a Peralta, la fiscal solicitó que su condena sea igual a la de Aponte, por considerar que tuvo una participación superior a la del transportista, sin embargo, el tribunal consideró que ambos (Luna y Peralta) tuvieron un mismo nivel de responsabilidad, por lo que bajo la pena a 6 años de prisión e hizo lugar al decomiso del rodado.
