Una investigación del fiscal federal con competencia electoral, Ricardo Toranzos, estableció que en el municipio de Aguas Blancas existen más de 2.000 inscripciones irregulares en el padrón electoral. La localidad, que tiene 3.648 habitantes según el censo 2022, cuenta actualmente con 5.736 electores habilitados para votar, lo que representa un 57,2% más de votantes que de habitantes.
El municipio, que limita con Bolivia, fue creado en mayo de 2015, fecha desde la cual el padrón electoral creció más del 74%. Dado que 2.500 electores fijaron domicilio en cuatro calles que desembocan en el río Bermejo, se ordenó un relevamiento domiciliario y aéreo que detectó anomalías. La hipótesis es que ciudadanos bolivianos ingresan a esa localidad para gestionar DNI argentino y acceder a subsidios a cambio de votos.
El martes pasado, la fiscalía ordenó realizar un relevamiento casa por casa y hasta por vía aérea con imágenes de un dron para la verificación domiciliaria del padrón de electores registrados. De la diligencia participaron 60 efectivos de la Policía de Salta, bajo supervisión del Ministerio de Seguridad provincial, y 40 de Gendarmería Nacional.
“La hipótesis principal es que ciudadanos provenientes de Bolivia gestionan DNI argentino en Aguas Blancas para acceder a subsidios y beneficios sociales, además de quedar empadronados en la localidad. Esto distorsiona la representación democrática y el uso de recursos estatales”, señaló un informe elaborado por la fiscalía.
También se destaca que hay «más de 3.000 electores en domicilios ambiguos», que, en las últimas elecciones presidenciales de 2023, «entre 300 y 400 personas ingresaron desde Bolivia en cada jornada electoral» y que, a partir de esta situación, se infiere que «en elecciones nacionales, el impacto es marginal» pero «en municipales, puede ser decisivo».
Una fuerte denuncia iniciada en 2023
El caso se inició a partir de la denuncia presentada en 2023 por Santiago Alberdi, dirigente político del PRO, quien pidió que se investigue el supuesto ingreso irregular de personas provenientes de Bolivia, lo que sucedía en el paso fronterizo internacional de Aguas Blancas los días de elecciones.
Según el denunciante, en esas fechas se registraban largas filas para cruzar a nuestro país con el fin de votar a cambio de dinero, lo cual podría tener origen en la obtención irregular de residencia y/o nacionalidad facilitando de esta forma “votos golondrina”.
En vista de ello, el fiscal federal Ricardo Toranzos, junto con los auxiliares fiscales Carolina Aráoz Vallejo e Ignacio Irigoyen y el investigador Lisandro Arranz, ordenó un relevamiento del padrón. Para ello se cotejaron datos de la Secretaría Electoral, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Como resultado, se pudo conocer que existen diferencias relevantes entre la información aportada por los organismos, denotando que es mucho mayor el incremento de electores registrados en los padrones nacionales en comparación con los ciudadanos censados por INDEC.
También se estableció que gran parte de estas personas tienen consignados domicilios sin numeración, los cuales, en número, son significativamente mayor a la cantidad de viviendas relevadas en esas calles. De esta forma, se concluyó que existe una irregularidad en los padrones electorales, ya que están integrados por más gente de la que podría habitar allí.
Unas cifras más que llamativas
En un primer análisis, se tuvo en cuenta que Aguas Blancas registró, en el censo de 2010, una cantidad de 2.395 habitantes, mientras que, en el relevamiento de 2022, ese número aumentó a 3.648, es decir, que el crecimiento en 12 años fue de 1.253 pobladores, un 52,3%.
Del cruce de información, también se constató un aumento exponencial de votantes desde 2015, año en que Aguas Blancas fue creado como municipio. Mientras en esa fecha había 3.286 electores -una cifra que ya se consideraba elevada-, en abril de este año el número trepó a 5.736 votantes, lo que implica un incremento en una década del 74,6 %.
El crecimiento se concentró en cuatro calles que desembocan en el río Bermejo, límite con Bolivia. Allí se detectó que los registros electorales superan ampliamente la cantidad de viviendas relevadas. Por ejemplo, en la calle 20 de Febrero, de una extensión de 619 metros, figuran 793 votantes.
Sin embargo, del relevamiento realizado no se pudo establecer esa cantidad, pues en dicha arteria, se advierten varios espacios verdes y de los escasos inmuebles visitados, muchos son depósitos de mercadería, hoteles y baldíos.
Situaciones similares se verificaron en las calles 25 de Mayo, donde residirían 729 votantes; 9 de Julio, con 700; Rivadavia, con 324; Agua Blancas, 485 y las intersecciones de 9 de Julio y Rivadavia, con 26; y de 25 de Mayo y Güemes, cuya ubicación fue dada por 39 personas registrados para votar.
Graves irregularidades detectadas por la Fiscalía
La fiscalía hizo hincapié en estas calles, principalmente porque en las mismas se aglutinan poco más de 3.000 votantes registrados, número que no pudo ser comprobado por los policías que relevaron esa zona el martes pasado, con lo cual se comprobó una grave irregularidad de registro.
El informe presentado al respecto destaca que dichas calles, además de tener una extensión de 300 a 600 metros, con pocas casas de familia, no cuenta con una numeración oficial en los registros públicos, sino que aparecen con las leyendas “sin número”.
Desde el municipio, que atraviesa una intervención desde septiembre de 2024, se informó sobre un proceso de regularización para la asignación de numeración de los inmuebles, que estaría programado. También se dio a conocer que los vecinos fueron convocados públicamente a renovar el DNI para allí consignar sus domicilios con número, pero solo un pequeño porcentaje se presentó.
La falta de numeración en los domicilios declarados refuerza para el MPF la sospecha de una modalidad ilícita para un empadronamiento ficticio. Además, se observó que las calles en cuestión terminan en zonas de maleza que conectan directamente con el río Bermejo, circunstancia que refuerza las hipótesis sobre el posible cruce de ciudadanos desde Bolivia en fechas electorales.
La fiscalía trabaja ahora en la identificación de los posibles responsables de estas maniobras y en determinar si existió la utilización de documentación apócrifa para sustentar las inscripciones irregulares en el padrón electoral.
Entre otras anomalías, se menciona el ingreso de ciudadanos bolivianos para gestionar DNI argentino y acceder a subsidios, padrón inflado artificialmente, deficiencias administrativas, maniobras políticas en zonas de frontera, alta concentración en domicilios S/N, posibles empadronamientos ficticios y cercanía con Bolivia que facilita inscripciones no genuinas.
En el marco de actuaciones iniciadas por la denuncia de un dirigente político, a raíz de incidentes registrados en la frontera por el paso de ciudadanos del vecino país de Bolivia en fechas electorales, el fiscal federal, con competencia electoral de Salta, Ricardo Toranzos ordenó que se lleve adelante una tarea de verificación domiciliaria del padrón de electores registrados en Aguas Blancas.
La medida fue diligenciada este martes por personal de la Policía de Salta, con la supervisión del Ministerio de Seguridad provincial, mientras que Gendarmería Nacional, a través de distintas unidades, realizó la custodia del operativo, del cual participaron 60 policías, 40 gendarmes y el uso de recursos logísticos, como el despliegue de un dron.
Las actuaciones se originaron en el 2023, a partir de la denuncia de Santiago Alberdi, dirigente político de una fuerza partidaria nacional, quien pidió que se investigue el supuesto ingreso irregular de personas provenientes de Bolivia, lo que sucedía en el paso fronterizo internacional de Aguas Blancas.
Sostuvo que ese movimiento se notaba más en días de elecciones, fechas en las que se forman grandes filas para cruzar a nuestro país con el fin de votar a cambio de dinero, lo cual podría tener origen en la obtención irregular de residencia y/o nacionalidad facilitando de esta forma “votos golondrina”.
En respuesta, el fiscal Toranzos junto a los auxiliares fiscales, Carolina Aráoz Vallejo e Ignacio Irigoyen y Lisandro Arranz como Investigador, llevaron adelante actuaciones preliminares, las que en un inicio se concentraron en determinar indicios en el padrón electoral de dicho municipio.
En esa tarea, se cotejaron datos proporcionados por la Secretaría Electoral, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INDEC), como así también se hizo un primer relevamiento de las viviendas en la localidad fronteriza.
Como resultado, se pudo conocer que existen diferencias relevantes entre la información aportada por los organismos, denotando que es mucho mayor el incremento de electores registrados en los padrones nacionales en comparación con los ciudadanos censados por INDEC.
También se estableció que gran parte de estas personas tienen consignado un domicilio sin numeración, el cual es significativamente mayor a la cantidad de viviendas relevadas en esas calles. De esta forma, se conoció que existe una irregularidad en los padrones electorales, ya que están integrados por más gente de la que podría habitar allí.
Información casa por casa
Con el objetivo es consolidar la información demográfica, electoral y migratoria detectada en Aguas Blancas, a fin de determinar posibles inconsistencias en los padrones electorales, domicilios y registros de votación, es que el MPF ordenó un nuevo relevamiento en determinados sectores del municipio.
En un primer análisis, se tuvo en cuenta que Aguas Blancas registró, en el censo de 2010, una cantidad de 2.395 habitantes, mientras que, en el relevamiento de 2022, ese número aumentó a 3.648, con un crecimiento de 1.253 pobladores, o sea, más del 52 %.
En materia de votantes, en tanto, se estableció que, desde su categorización como municipio, según Ley de municipalización N°7.739 del 6 de mayo de 2015, los votantes registrados eran 3.286, un número que ya se presentaba elevado.
La evolución posterior, sin embargo, fue aún más exponencial, pues desde ese año hasta abril pasado, la cantidad de electores aumentó a 5.736, o sea, 2.450 más. Al indagar sobre este incremento, que supera el 74,6 %, se pudo detectar un registro masivo de votantes en cuatro calles de ese municipio, de no más de tres o cuatro cuadras, las que tienen en común, su desembocadura hacia la zona de frontera, particularmente el río Bermejo.
Por ejemplo, la calle 20 de Febrero, con una extensión de 619 metros, registra 793 votantes, sin embargo, del relevamiento realizado no se pudo establecer esa cantidad, pues en dicha arteria, que atraviesa la ciudad, se advierten varios espacios verdes y de los escasos inmuebles visitados, muchos son depósitos de mercadería, hoteles y terrenos baldíos.
Esta lectura no es aislada, pues se advirtió la misma descripción en las calles 25 de Mayo, donde residirían 729 votantes; 9 de Julio, con 700; Rivadavia, con 324; Agua Blancas, 485 y la esquina de 9 de Julio, Rivadavia y 25 de mayo, cuya ubicación fue dada por 39 personas registrados para votar.
La fiscalía hizo hincapié en estas calles, principalmente porque en las mismas se aglutinan poco más de 3.000 votantes registrados, número que no pudo ser comprobado por los policías que relevaron esa zona el martes pasado, con lo cual se comprobó una grave irregularidad de registro.
Entre otros aspectos sobresaliente, el informe presentado al respecto destaca que dichas calles, además de tener una extensión de 300 a 600 metros, con pocas casas de familia, no cuentas con una numeración oficial en los registros públicos, sino que aparecen con las leyendas “sin número”.
Desde el municipio, que atraviesa una intervención desde septiembre de 2024, se informó sobre un proceso de regularización para la asignación de numeración de los inmuebles, que estaría programado. Por otra parte, se dio a conocer que los vecinos fueron convocados públicamente a renovar el DNI para allí consignar sus domicilios con número, pero solo un pequeño porcentaje se presentó.
La falta de numeración no fue pasada por alto por el MPF, pues no descarta que se trate de una modalidad ilícita para un empadronamiento ficticio. Además, también llamó la atención de que las calles elegidas, decantan en la maleza, que da al río Bermejo, el que sirve de límite con Bolivia. Verificado el aumento de 2.088 votantes (más del 57.2 %) por encima de 3.648 habitantes censados, la fiscalía trabaja ahora en busca de determinar posibles responsables y partícipes en la emisión de documentos apócrifos.
