SALTA – (Por Diego Nofal) La Justicia salteña parece tener los días contados para el procurador Pedro García Castiella. Resulta difícil imaginar su continuidad en el cargo tras tantos escándalos públicos. La inacción que se le adjudica es simplemente demasiado evidente y extensa. Ya son muchas las voces que se alzaron en su contra de manera firme y constante. El hallazgo del cuerpo de Vicente Cordeyro multiplicó esos reclamos de forma exponencial. La paciencia de la sociedad salteña ha llegado, claramente, a su límite.
El procurador provincial ha mantenido parcialidades manifiestas durante toda su gestión. Utilizo el tiempo pasado de manera deliberada y consciente. Doy por hecho que en las próximas horas alguien actuará con determinación. Alguien dentro del Gobierno o la propia Justicia tomará cartas en el asunto. La separación de García Castiella de su cargo parece un hecho inevitable. Su puesto es demasiado crucial para seguir jugando con fuego.
La marcha por la muerte del comisario Cordeyro coreó en varias oportunidades su nombre. Nadie pronunció una palabra a favor del procurador general en esa manifestación. Todos los reclamos apuntaban a la inacción de las distintas fiscalías. Se denuncia la falta de investigación en casos de narcotraficantes peligrosos. Muchos señalan con preocupación la conexión entre esta muerte y la parálisis judicial. La teoría gana fuerza día a día en las calles.
La pésima gestión del procurador general pone en ridículo a toda la institución judicial. En un sistema acusatorio, como el nuestro, el jefe de los fiscales es clave. Si falla el máximo responsable, fallan inevitablemente sus subordinados. Y si fallan los fiscales, el sistema completo se desmorona sin remedio. Sus conferencias grandilocuentes y su gusto por los flashes no resolvieron ningún problema. De hecho, su actuación solo ha conseguido empeorar la situación general.
Recordamos a Pedro García Castiella ocupando espacios en todos los tabloides locales. Acaparó tiempo de aire ante las cámaras con una supuesta amenaza de mafias provinciales. De esas mafias que supuestamente lo amenazaron no sabemos absolutamente nada concreto. No existe una sola investigación seria al respecto que arroje luz sobre el asunto. La anécdota quedó en un misterio tan grande como su inoperancia.
Todo aquel episodio solo nos dejó un espectáculo casi payasesco y repetitivo. La escena se repite cada vez que el procurador llega al Ministerio Público Fiscal. Se cierran calles completas con notable despliegue policial. Dos autos de policía lo custodian con exagerada precaución. Desalojan a todas las personas de los pasillos que va a recorrer. Todo por una mafia fantasma que su propio ministerio se niega a investigar en profundidad.
Para esos montajes el procurador general siempre tiene ánimos y buena disposición. Siempre puede dar la cara para la payasada mediática bien organizada. Responde con diligencia a sus jefes políticos dentro del Grand Bourg. Sin embargo, para el caso del comisario asesinado la estrategia fue muy diferente. Envió a dos jóvenes fiscales con ropa informal y despreocupada. Era evidente que los habían sacado de un merecido descanso o quizás de un asado.
Allí no asomó la cara el valiente procurador amenazado por mafias inexistentes ese mismo que ahora se postula, en las tertulias políticas para ser ministro de la Corte salteña. Con tales aspiraciones nos preguntamos porque no apareció en un caso donde podrían estar esos mismos grupos delictivos que, supuestamente, lo amenazaron. Esto parece un trabalenguas burocrático de difícil comprensión para cualquiera. Pero en realidad es solo un entuerto más en la larga lista de papelones. El Ministerio Público Fiscal de la provincia clama por un cambio urgente y profundo. La credibilidad de la institución ya no aguanta más capítulos de esta tragicomedia.
Diego Nofal, miembro de Fopea.
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