El Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) de Salta está en el centro de una importante controversia tras la realización de allanamientos por parte del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Esta operación se llevó a cabo en cuatro sedes vinculadas al IMAC en Salta, como parte de una investigación por la presunta falsificación de documentos utilizados para cobrar prácticas médicas.
El caso comenzó cuando el cardiólogo Edmundo Falú denunció en agosto la existencia de certificados que llevaban su firma, la cual él no reconocía. Acompañado de actas del Instituto Provincial de Salud (IPS) que aclaraban irregularidades en la facturación, Falú notó que su sello estaba siendo utilizado para prácticas que no había realizado. La investigación reveló que el IMAC había presentado documentación apócrifa para el cobro de servicios médicos, implicando serias irregularidades en su gestión administrativa.
Este tipo de práctica que hoy se expone, refleja la importancia de la supervisión y la necesidad de salvaguardar la integridad de los profesionales médicos y de los afiliados al IPS.
Si la intervención, con Emilio Savoy a la cabeza, presentó documentación en la causa, ¿hubo participación de otros funcionarios previamente? Habrá que esperar los avances de la investigación.
Conflicto con el Círculo Médico
El Círculo Médico manifestó su preocupación ante la disolución del convenio con el IPS, destacando que las tensiones han surgido a raíz de reclamos por demoras en los pagos a los profesionales. En respuesta, Mariano Vittar, coordinador del IPS, ha declarado: “El Círculo se llevaba por mes 4.100 millones. Eso es más de lo que facturan todas las clínicas de Capital juntas, que suman 3.000 millones.” Esta afirmación subraya la percepción de que las demandas del Círculo eran desproporcionadas en comparación con el número de afiliados que atienden, lo que provocó la decisión de rescindir el convenio, dado que, según Vittar: “Un convenio debe ser conveniente para ambas partes, y acá no pasaba”.
Además, Vittar no dudó en señalar posibles maniobras de sobrefacturación que se han puesto en evidencia, mencionando que “hay un médico que facturó 40 millones en un mes. Hicimos el cálculo, y para hacer todo lo que declaró debería trabajar 25 horas por día sin descansar.” Estas declaraciones no solo indican la contenciosa relación entre el IPS y el Círculo Médico, sino que también resaltan la imperiosa necesidad de una revisión profunda de las prácticas de facturación y de un diálogo constructivo que permita abordar de manera adecuada las inquietudes de los profesionales de la salud y resguardar la atención a los afiliados.
Consecuencias Políticas
Solo en estos dos casos, se evidencia el gran negocio de la salud en Salta. El sector de profesionales de la salud es servicio escencial y en momentos de crisis tan profunda, saber de sobreprecios y falsificaciones de documentos para obtener más recursos es realmente alucinante. Algo parecido sucedió con la Asociación de Anestesia en los hospitales públicos. Un sector con ganancias exorbitantes a costa del Estado provincial.
Lo que debe ponerse sobre análisis es la participación del gobierno en todas estas cuestiones. Alguien en determinada situación es cómplice cuando se firman los convenios, cuando se tramita la documentación para facturar cosas inexistentes, alguien garantiza los montos que van a derrocharse y demás. En negocios así no puede haber solo un culpable. No se puede decir que los médicos, los anestesistas o el IMAC son los únicos responsables. Aquí tienen que hacerse cargo funcionarios del ministerio de salud y de la obra social, por haber permitido desfalcos en la salud pública.
La intervención en el IPS va a cumplir un año este febrero próximo y aún brota corrupción por todos lados.
Si el gobernador no actúa con celeridad ante estas cuestiones, las consecuencias políticas podrían ser irreversibles. Los hospitales y salitas públicas se colapsan, la obra social está intervenida, afiliados preocupados por las prestaciones. Se va formando una ola de problemas serios, que llevan al conflicto social inevitablemente.
¿Qué tipo de gestión existe, si la salud pública falla?
Es difícil votar por un modelo con tamaño déficit de respuesta.
