SALTA – (Por Diego Nofal) La política salteña nunca decepciona a los aficionados al drama. El intendente capitalino Emiliano Durand protagoniza un nuevo capítulo de intrigas municipales. Tras una tensa puja, logró que el Concejo Deliberante aprobara crear una Policía Municipal. La victoria legislativa duró menos que un helado en verano salteño. Inmediatamente después, el jefe comunal anunció que no la implementaría por problemas de financiamiento. Esta pirueta genera más preguntas que respuestas y revela una jugada maestra. Detrás de este fiasco se esconde un impuestazo que impactará directamente en los bolsillos.
El abogado Humberto “Ulúa” Vázquez no se muerde la lengua al analizar el hecho. Con la locuacidad que lo caracteriza, desmenuza las intenciones detrás del fallido cuerpo policial. El letrado afirma que el proyecto siempre tuvo un fin oculto y poco loable. Según Vázquez, la iniciativa era un caballo de Troya para instalar un sistema de vigilancia masiva. El objetivo real nunca fue la seguridad de los vecinos, según su polémica visión.
El abogado Humberto Vázquez fue contundente en sus declaraciones. “El intento de crear una policía municipal disfrazada de fortalecimiento de la presencia institucional del municipio, con el objeto de promover la prevención, la convivencia y la seguridad urbana, resulta siniestro a la luz de los acontecimientos históricos mundiales con son de público conocimiento”, afirmó. Agregó que solo buscaban “afectar la libertad e intimidad de las personas, que fue nada más ni nada menos que el primer paso para la persecución política de los ciudadanos opositores a determinado régimen político. Verbigracia: la Gestapo”.
Pero Vázquez profundizó aún más su crítica hacia la administración de Durand. “La creación de un cuerpo de guardias urbanos era solo un maquillaje para en realidad colocar cámaras de vigilancia tendiente a almacenar o guardar datos personales de modo ilegal e ilegítimo”, señaló el abogado. Explicó que la información se usaría “en contra opositores políticos mediante operaciones mediáticas, tendientes a buscar el descredito o desprestigio de las personas”. Esto violaría, según él, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Inteligencia Nacional de manera flagrante.
La justificación presupuestaria esmera del intendente no convence al experto. “Durand dice ahora que no quiere su Gestapo Electrónica, no por una cuestión de gasto en sueldos de sus guardias urbanos, sino porque la afectación de la esfera de la libertad e intimidad de las personas es flagrante”, ironizó Vázquez. El letrado sugirió que hubiera sido mejor reconocer el error abiertamente. Criticó también la actitud de los concejales oficialistas, a quienes calificó como “levantadores de mano seriales” de los proyectos del Ejecutivo.
Aquí es donde aparece el verdadero truco bajo la manga, el famoso impuestazo oculto. Al descartar la policía, el municipio canalizará esos recursos teóricos hacia otras áreas. La unidad tributaria, ese índice poco conocido pero muy sensible, se reajustará trimestralmente. Este mecanismo técnico permite subir impuestos municipales sin pasar por un debate abierto cada vez. Es una especie de piloto automático para recaudar más, un detalle que no se publicita en las gacetillas oficiales.
La cuestión de fondo, según el análisis jurídico, es la arbitrariedad. El abogado Vázquez fue claro sobre las obligaciones del intendente. “El intendente en primer lugar debe promulgar o vetar una ordenanza. Luego de promulgada tacita o expresamente, debe cumplirla, no pudiendo atribuirse un derecho discrecional de elegir la respeta y cumple o no”, sentenció. Esta conducta selectiva crea un peligroso precedente para la institucionalidad local.
En consecuencia, ningún intendente puede dejar una ordenanza en un limbo para que otro la cumpla después. “Pretender hacer eso es de una ignorancia supina en materia de Derecho Constitucional, a la vez que una aberración política”, remató el letrado. Mientras tanto, los contribuyentes salteños deben preparar la billetera. El aumento silencioso de la unidad tributaria cada tres meses será el legado menos gracioso de esta comedia de enredos. La seguridad puede haber sido el espectáculo, pero la cuenta fiscal llegará puntual a cada hogar.
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