SALTA – (Por Diego Nofal) El conflicto por el cierre de comisiones en los profesorados salteños escaló a niveles inesperados. Superó con creces la conflictividad prevista por el Ministerio de Educación. Para colmo de males, se inicia la época de negociación paritaria. Todos los temas se mezclan y confluyen en un problema gigante. La combinación resulta explosiva y de difícil manejo para las autoridades.
Todo comenzó con el anuncio de cierres de comisiones en varios institutos. Rápidamente surgieron denuncias de irregularidades graves en el profesorado 6005. Se destacó, en esa institución, un faltante de nueve millones de pesos, atribuido a la gestión anterior. También aparecieron conflictos menores pero no menos pintorescos. La interventora Carolina Cibantos utilizó su cuenta personal para recibir dinero de la institución. Un método contable poco ortodoxo, por decir lo menos.
Lo que parecía un problema localizado trascendió de profesorado en profesorado. Tomó ribetes inesperados y obligó al secretario de Educación, William Becker, a dar explicaciones. Sus declaraciones terminaron por enturbiar aún más el panorama general. Dijo que no se cerraban comisiones, sino que se «resignaban docentes». Aseguró que buscaban hacer más eficiente el uso del espacio físico disponible. Básicamente confirmó el cierre, pero con un floreado eufemístico digno de un malabarista verbal.
En el epicentro del conflicto, el profesorado 6005, las protestas han ido en aumento. Ahora denuncian persecuciones directas contra docentes y alumnos. Una fuente interna hizo llegar a este medio algunos correos electrónicos reveladores. Esos mensajes fueron enviados al cuerpo docente para amedrentarlos. El objetivo claro era evitar su participación en las asambleas organizadas por los estudiantes.
En uno de esos mails y en un volante, Carolina Cibantos pidió nombres de los organizadores. Sí, la misma que usa su cuenta personal como billetera institucional. Solicitó a los participantes que identificaran a los promotores de la asamblea. Además, señaló que debían pedir la reunión con antelación para realizarla dentro del edificio. Un requisito que no aparece en ningún reglamento gremial conocido en la provincia.
Para hacer el panorama más complicado, la normalizadora del profesorado no permitió una asamblea estudiantil. Los alumnos querían informar a sus compañeros sobre la situación actual. También discutir cómo los afectaba directamente el cierre de las comisiones. Unos pocos jóvenes lograron reunirse contra viento y marea. Tuvieron que hacerlo fuera de los límites edilicios, como en un exilio educativo improvisado.
Los paros y medidas de fuerza continúan en los profesorados de Salta. El escándalo parece recrudecer día a día sin solución a la vista. Este fuego se aviva justo cuando el gobierno inicia las negociaciones paritarias con los gremios estatales. Si la administración de Gustavo Sáenz no apaga este foco ígneo, el conflicto puede alcanzar niveles inimaginables. El gobernador sabe perfectamente lo que es tener problemas graves con los docentes de la provincia. La historia, a veces, parece empeñada en repetirse como un mal chiste.
