(SALTA).- (Por Diego Nofal).- La decisión de la Corte de Justicia de Salta de respaldar de manera unánime la reforma electoral impulsada por el oficialismo vuelve a sembrar serias dudas sobre la independencia judicial provincial. El rechazo automático de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por distintos sectores opositores confirma la percepción generalizada de que el máximo tribunal local funciona como un apéndice del poder político de turno.
Resulta alarmante que una modificación sustancial de las reglas de juego democráticas sea convalidada sin un debate profundo sobre el impacto negativo que genera en la representación de las minorías políticas. Cuando la justicia provincial avala sin fisuras los diseños electorales elaborados a medida por el Ejecutivo, se debilita gravemente el sistema de frenos y contrapesos que sostiene cualquier república democrática.
La posibilidad de que los demandantes recurran ahora ante la Corte Suprema de la Nación demuestra que en el ámbito local se han agotado las garantías institucionales para quienes cuestionan al poder. Esta judicialización permanente de los procesos electorales es la consecuencia directa de un gobierno provincial que prefiere manipular las normas comiciales antes que someterse a una competencia transparente y equitativa.
El oficialismo salteño celebra un fallo judicial que le permite conservar ventajas estructurales indebidas, ignorando que la legitimidad democrática no se construye mediante atajos legales sino con el respaldo genuino de la ciudadanía. La subordinación de los órganos de control y de justicia frente a los intereses del Ejecutivo provincial constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo institucional de nuestra provincia.
Cada vez que los tribunales locales clausuran el debate constitucional para proteger las iniciativas del gobierno de turno, se envía un mensaje desalentador a toda la sociedad sobre el valor de la ley. Los ciudadanos salteños merecen una justicia verdaderamente autónoma que actúe como garante de los derechos constitucionales y no como una herramienta de validación política para los proyectos del oficialismo.
El camino hacia la Corte Suprema de la Nación aparece hoy como el único recurso disponible para intentar frenar el avance de un modelo institucional hegemonista que concentra el poder en Salta. La historia juzgará con severidad a quienes utilizaron las instituciones republicanas para blindar sus propios intereses electorales en detrimento de la calidad democrática de toda la provincia.
