SALTA.- (Por Diego Nofal) Hoy, los funcionarios del gobernador Gustavo Sáenz se sometieron a distintas pruebas toxicológicas. El objetivo declarado es demostrar que no consumen sustancias psicoactivas prohibidas. Pero si nos sentamos a leer el articulado del decreto nos encontraremos con particularidades.
La primera es que un funcionario podría, tranquilamente, consumir marihuana sin problemas legales. Sí, así como usted lo está leyendo en este preciso instante. Pese a que es una droga, su uso medicinal está ampliamente aprobado en nuestro país. Cualquier empleado público de Sáenz podría consumirla si cuenta con una receta médica válida. El decreto provincial deja esa puerta abierta de una manera muy específica y técnica.
En el documento oficial se establece una definición clave sobre las sustancias prohibidas. Entiéndase por tales a aquellas no prescriptas por profesionales de la salud debidamente acreditados. Es decir, actúan sobre el sistema nervioso central alterando el comportamiento funcional. Esas alteraciones atentarían contra el ejercicio responsable de la función pública según el texto. El examen toxicológico detecta la presencia de esas sustancias o sus metabolitos. Luego se interpretan y comunican los resultados a la Autoridad de Aplicación correspondiente. La redacción, aunque burocrática, es más clara que el agua de manantial.
El artículo tercero establece legalmente que si fue recetada por un médico puede consumirse. Esto no es una interpretación caprichosa sino la letra fría del decreto firmado por Sáenz. Recordemos que en Argentina existe el Registro del Programa de Cannabis, REPROCANN. Es una autorización estatal que permite el cultivo y el traslado de marihuana por el territorio nacional. Un funcionario de Sáenz con esa autorización médica no solo podrá consumir cannabis. Además podrá cultivarla y procesarla en su casa si su tratamiento así lo necesita. Imaginen el jardín de hierbas aromáticas de un secretario de gobierno, con un toque especial.
La situación pinta cuadros casi surrealistas en los pasillos de la Casa de Gobierno. Podríamos ver a un jefe de Gabinete regando con esmero sus plantas de cannabis legal. Todo mientras se prepara para su próxima prueba de detección de sustancias psicoactivas. El humor de la situación reside en la precisión técnica de la norma. Parece diseñada para cumplir un protocolo de control frente a la opinión pública salteña. Sin embargo, incluye resquicios legales que son tan grandes como el cerro San Bernardo. Esto demuestra que el diablo, o la salida, siempre está en los detalles de los decretos.
Recordemos que en columnas anteriores ya habíamos mencionado otro aspecto peculiar. Si algún funcionario da positivo en los exámenes toxicológicos iniciales, tiene derecho a una contraprueba. Dicha contraprueba se realiza en un sanatorio privado elegido por la persona. Y debe ser pagada íntegramente por el empleado que dio positivo en el primer análisis. Algo que, a todas luces, parece creado para poder sortear el sistema con cierto esfuerzo económico. No es un camino gratuito, pero es un camino disponible y dentro del marco legal establecido.
La idea central de esta nota es mostrar cómo el decreto tiene varias aristas que permiten esquivar sanciones. No estamos afirmando que los funcionarios cultiven o consuman marihuana de forma recreativa. Simplemente señalamos que el marco normativo lo permite bajo ciertas condiciones médicas. El gobierno de Gustavo Sáenz implementa un control con una mano firme pero con Los funcionarios de Gustavo Sáenz podrán consumir marihuana
Hoy los funcionarios del gobernador Gustavo Sáenz se sometieron a distintas pruebas toxicológicas. El objetivo declarado es demostrar que no consumen sustancias psicoactivas prohibidas. Pero si nos sentamos a leer el articulado del decreto nos encontraremos con particularidades. La primera es que un funcionario podría, tranquilamente, consumir marihuana sin problemas legales. Sí, así como usted lo está leyendo en este preciso instante. Pese a que es una droga, su uso medicinal está ampliamente aprobado en nuestro país. Cualquier empleado público de Sáenz podría consumirla si cuenta con una receta médica válida. El decreto provincial deja esa puerta abierta de una manera muy específica y técnica.
En definitiva, las pruebas toxicológicas en el gobierno de Salta son un tema serio con matices curiosos. El decreto busca garantizar la transparencia y la responsabilidad en la función pública salteña. Pero al mismo tiempo se alinea con la legislación nacional sobre el cannabis de uso medicinal. Esto genera un escenario donde la norma y la realidad pueden bailar un carnavalito muy particular. Los funcionarios, mientras tanto, seguirán yendo a sus controles con sus certificados médicos en orden. La provincia demuestra así que se puede estar a la moda legal y terapéutica, incluso en materia de controles internos. recetas correspondientes para estos tratamientos.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
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