El dirigente Rodolfo Tailhade volvió a poner en el centro de la escena al diputado nacional Pablo Outes, a quien señaló por un juicio laboral que arrastra más de trece años y que tiene como protagonista a José Cristian Toledo, un trabajador que —según consta en el expediente citado— sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba tareas en una empresa de adoquines vinculada al hoy legislador y quedó con un 84% de incapacidad permanente.
“Acá no hay grieta ni especulación política. Hay una persona que quedó postrada de por vida”, lanzó Thaildae, cuestionando no solo el origen del accidente sino el prolongado recorrido judicial posterior. Según sostuvo, la Justicia ya se habría expedido sobre las responsabilidades y determinado una indemnización, pero el cumplimiento del fallo continúa siendo materia de disputa.
El dirigente fue más allá y apuntó a las condiciones laborales en las que, afirmó, se desempeñaban los trabajadores: falta de medidas de seguridad adecuadas y situaciones de informalidad que habrían sido parte del proceso judicial. “No se puede hablar de institucionalidad y mirar para otro lado cuando hay un trabajador con 84% de incapacidad esperando que se cumpla lo que ordenó la Justicia”, sostuvo.
Outes todavía no dio respuesta pública a la acusación de Tailhade
Outes, hombre cercano al gobernador Gustavo Sáenz y hoy con banca en el Congreso, no brindó hasta el momento una respuesta pública detallada frente a las declaraciones. En su entorno deslizan que se trata de un litigio complejo y de larga data, aún en instancias legales.
El caso reabre un debate incómodo en la política salteña: el contraste entre el discurso institucional y los conflictos judiciales que persiguen a algunos de sus protagonistas. “No se trata del pasado empresario de nadie. Se trata del presente de un hombre que quedó incapacitado y de la obligación de cumplir un fallo”, remató Thaildae, dejando flotando una pregunta que trasciende el expediente: hasta dónde llega la responsabilidad política cuando la Justicia ya habló.
