SALTA.- (Por Diego Nofal) La paciencia de los salteños tiene un límite y ese límite se está agotando frente a la pasividad de quienes deberían velar por la transparencia y la ley en nuestra provincia. Hace más de un año, cuando El Intra Salta publicó en exclusiva sobre la existencia de cuentas falsas dedicadas a levantar la imagen de Gustavo Sáenz y a destruir sistemáticamente a sus opositores, ya era una obligación ineludible para la fiscal Sofía Cornejo Solá y el procurador Pedro García Castiella mover todas las fichas judiciales disponibles.
En aquel momento, la notitia criminis era clara como el agua de nuestros diques, hablaba de cuentas organizadas que claramente tenían un líder y que obviamente operaban a cambio de dinero, trabajando directamente para engrandecer la figura del gobernador de la provincia. No era una denuncia menor, era la punta de un iceberg digital que amenazaba con hundir la credibilidad de nuestras instituciones y la fiscalía decidió mirar para otro lado como si nada estuviera pasando.
Es cierto que en aquel entonces los funcionarios podían escudarse en la excusa patética de que no habían leído la nota porque no era un diario que frecuentaban, aunque todos sabemos que en el mundo digital eso es tan creíble como un político que jura no leer los comentarios en su propia red social. Pero esa excusa se derrumbó estrepitosamente esta semana cuando el caso saltó a la escena nacional y los principales medios del país reprodujeron exactamente lo mismo que el periodismo local venía denunciando desde hacía más de doce meses.
Ya no es un problema de un diario locao o de una publicación molesta, es un tema de agenda nacional que pone a Salta en el centro de la escena por las razones equivocadas y que exige respuestas contundentes de quienes tienen la obligación legal de darlas. Aquí es donde el asunto se pone serio y deja de ser una simple cuestión de peleas políticas para convertirse en un posible caso de peculado, ese delito que nuestro Código Penal castiga en el artículo 261 con hasta diez años de prisión por usar bienes del Estado para beneficio propio o de terceros.
Por eso es menester que Sofía Cornejo Solá se ponga el traje de fiscal investigadora y dilucide de una buena vez de dónde salieron los fondos que pagan la granja de trolls, porque no es precisamente física cuántica averiguar el origen del dinero cuando hay facturas, contrataciones y movimientos sospechosos. Hasta nosotros, que trabajamos en un diario con recursos limitados, sabemos que los trolls los maneja un novel empresario de medios de la provincia, un personaje que se pasea por los pasillos del poder y que es reconocido en el ambiente por extorsionar intendentes a cambio de pauta publicitaria.
Si nosotros lo sabemos con la simpleza del periodismo de calle, me imagino que para una fiscal que según ella tiene intervenidos todos los teléfonos de la provincia debería ser muchísimo más fácil llegar al fondo de esta cueva digital. No se trata de perseguir fantasmas ni de inventar complots, se trata de seguir la plata, que es la regla de oro en cualquier investigación que pretenda ser seria y rigurosa en tiempos de democracia. Lo más llamativo de todo esto es que el empresario señalado ya fue imputado en la causa por intimidación pública, pero curiosamente la investigación se detuvo ahí sin avanzar hacia el origen del financiamiento que permitió sostener durante meses esa estructura de desprestigio.
Recordemos que por mucho menos que esto, la misma fiscalía inició una causa por intimidación pública en contra del director de este medio y de un diputado nacional, una causa que por supuesto terminó cayendo por su propio peso al no tener sustento alguno.
Pero lo que sí se investigó en aquel entonces fue el peculado, es decir, se trató de determinar de dónde salieron los fondos para pagar esas supuestas falsas que se difundían y la fiscal actuó con una celeridad ejemplar que hoy brilla por su ausencia. En este caso, Cornejo Solá debería aplicar exactamente el mismo criterio y actuar de idéntica manera, sin distinciones ni privilegios para nadie, porque la ley es una sola y no puede tener dos varas para medir según el color político del involucrado. No hay ninguna excusa válida para que no lo haga, ninguna explicación razonable que justifique la inacción frente a una denuncia que ya trascendió las fronteras provinciales y que tiene a todos los salteños preguntándose qué están esperando para actuar.
Cualquier otra actitud diferente a la investigación profunda y sin cortapisas sería incurrir descaradamente en incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito que también está penado y que mancharía aún más la credibilidad de una justicia que ya viene bastante cuestionada por estos pagos. Los salteños merecemos vivir en una provincia donde las reglas sean claras y donde nadie, ni siquiera el gobernador, pueda utilizar recursos que son de todos para armar ejércitos digitales que siembren odio y persecución.
Para usar una metáfora futbolera, de las que tanto le gustan a la “Messi de Tucán”. La pelota está ahora en la cancha de la fiscalía y la ciudadanía entera está mirando, esperando que esta vez no se hagan los distraídos y que cumplan con su deber, porque el silencio cómplice ya no es una opción disponible para quienes juraron hacer cumplir la ley por sobre todas las cosas.
Diego Nofal, miembro de FOPEA.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
X @turconofal.
