(SALTA).- (Por Diego Nofal).- El inicio de las entrevistas personales en la Cámara de Senadores de Salta para evaluar a ochenta y un postulantes al Observatorio de Violencia contra las Mujeres despierta serias reservas políticas. La experiencia acumulada en la provincia demuestra que estos procesos de selección legislativa suelen estar fuertemente condicionados por acuerdos partidarios previos que priorizan la lealtad política por encima de la idoneidad profesional.
Resulta paradójico que el Senado provincial despliegue un extenso cronograma de audiencias públicas para cubrir cargos institucionales mientras los indicadores de violencia de género en Salta continúan mostrando cifras verdaderamente alarmantes. La creación y el funcionamiento de organismos estatales pierden todo sentido práctico cuando el gobierno provincial no asigna los presupuestos reales ni ejecuta políticas preventivas eficaces en todo el territorio.
Muchas veces, estas estructuras burocráticas terminan convirtiéndose en refugios laborales para militantes afines al oficialismo, generando un gasto estatal considerable sin producir mejoras tangibles en la protección de las víctimas. La falta de transparencia en los criterios objetivos de evaluación alimenta la sospecha ciudadana de que los nombres elegidos ya fueron definidos en los despachos del poder antes de escuchar a los candidatos.
Las mujeres salteñas que atraviesan situaciones extremas de vulnerabilidad necesitan respuestas rápidas de la justicia, asistencia económica efectiva y refugios adecuados, no más informes estadísticos elaborados desde escritorios oficiales alejados de la realidad. Cuando el Estado provincial multiplica las instancias administrativas sin resolver las fallas estructurales de contención policial y judicial, la burocracia termina revictimizando a quienes buscan ayuda urgente.
Los senadores provinciales tienen la responsabilidad ineludible de garantizar que la selección de representantes ante este organismo responda estrictamente al mérito técnico y al compromiso probado en la defensa de los derechos humanos. Cualquier intento de utilizar este concurso para pagar favores políticos o consolidar cuotas de poder interno constituirá una grave afrenta contra toda la sociedad salteña.
El verdadero compromiso del gobierno de Salta en la lucha contra la violencia hacia las mujeres se medirá por la eficacia de sus acciones concretas y no por la cantidad de entrevistas legislativas realizadas. La ciudadanía exige instituciones transparentes y funcionales que abandonen el clientelismo político para ponerse de una vez por todas al servicio de quienes más necesitan la protección del Estado.
