SALTA.- (Por Renato Ocampo) ¿La vocera Ana Paula Benavides mintió? Según ella, en conferencia oficial, dijo que el proceso de selección de las dos vacantes a la Corte de Justicia, no tuvieron ninguna impugnación. Sin embargo, el diputado José Gauffin asegura que no fue así e incluso se habla de otras dos presentaciones que tampoco habrían sido tenidas en cuenta en el expediente.
Frente a la decisión senatorial y las versiones oficiales que negaron la existencia de impugnaciones, el diputado José Miguel Gauffin reiteró su reproche procesal y político a las designaciones para la Corte de Justicia de Salta, de Martín Plaza y Martín Diez Villa: “no soy oficialista, he cumplido mi rol de marcarle al gobierno, como lo he marcado muchísimas veces, no solamente en este recinto, sino en la justicia y haciendo las presentaciones que corresponden. Lo he hecho, por ejemplo, con los postulados, los últimos postulados, y que tienen el acuerdo ya del Senado para integrar la Corte de Justicia, a pesar de que el gobierno ha negado sistemáticamente las observaciones formales o las impugnaciones, como se dice habitualmente, en el expediente. Lo han negado todos, desde la vocera hasta los senadores, y eso me aflige porque son cuestiones institucionales graves que no se observan en la provincia.”
Estas declaraciones las hizo el diputado con la prensa, al terminar el acto de Apertura de Sesiones Legislativas y añadió: “El Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Secretaría de Justicia, es el órgano de aplicación de acuerdo a la ley que establece el procedimiento y el proceso participativo de la sociedad en la postulación y designación de los jueces de corte. En este caso, creo que la Secretaría de Justicia estafó no solamente al gobernador, no mencionándoselo, ni tampoco a los senadores porque no incluyó en el expediente nuestra impugnación presentada en tiempo y forma. Se menciona que solo hicimos una presentación pidiendo aclaraciones, cosa que es cierto, y que fruto de eso ambos candidatos presentaron el respaldo documental de su CV, pero no menciona, y evidentemente la escondieron, a la observación o la impugnación formal que presentamos en tiempo y forma. Ha sido una verdadera estafa a los salteños.” Concluyó
La presentación formal se realizó el 9 de febrero
El proceso de selección abierto por el Poder Ejecutivo provincial para cubrir vacantes en la Corte de Justicia de Salta concluyó con la aprobación en el Senado de ambas designaciones. Tanto la de Martín Plaza como la de Martín Diez Villa.
Las impugnaciones formales presentadas por el diputado José Gauffin y sus abogados, plantearon objeciones que cuestionan la legitimidad del resultado. En la observación contra Martín Ignacio Plaza, los firmantes subrayan audios difundidos en 2020 en los que Plaza, en su carácter de funcionario del Poder Ejecutivo y encargado de la Casa de Salta, solicitó la remoción de una nota crítica al gobernador y vincula expresamente esa solicitud con el “enojo” del mandatario. Ese episodio, según la impugnación, no solo constituye una presión indebida sobre la prensa —violatoria del principio de libertad de expresión— sino que contiene una confesión de dependencia política: “Yo quedo en el medio… él está muy enojado… vos sabes que estoy ahí con él y esto me complicó bastante”, frase que los recurrentes consideran incompatible con la independencia exigible a un integrante del tribunal supremo provincial.
Por otro lado la presentación también remarca la insuficiencia de antecedentes judiciales, académicos y de litigación constitucional atribuidos a Plaza para acreditar la “idoneidad notoria” que demanda la Ley 8311 y la Constitución provincial. Señala que su trayectoria se circunscribe a cargos políticos de confianza del Ejecutivo, sin producción doctrinaria ni ejercicio en altas funciones jurisdiccionales, y alertan que la combinación de esa carencia con la conducta pública citada y la amistad conocida con el gobernador erosiona la percepción de imparcialidad que debe rodear a la Corte.
En la impugnación contra Martín Diez Villa, los firmantes observan una secuencia de nombramientos directamente vinculada al liderazgo del gobernador: desde su actuación como procurador y vocal en el Tribunal de Cuentas municipales hasta su designación como Defensor General del Ministerio Público Fiscal. Esa continuidad funcional y dependiente —producto de designaciones políticas y de la amistad de larga data con Sáenz— configura un conflicto de intereses estructural que proyecta dudas razonables sobre la capacidad del postulante para intervenir con plena imparcialidad en causas que involucren al Poder Ejecutivo o a sus funcionarios.
Este señalamiento adquiere mayor peso en el contexto provincial donde, sostiene Gauffin en el escrito, en tres décadas apenas se registra un caso con condena efectiva a un funcionario del Ejecutivo; una realidad que, según la presentación, subraya la necesidad de una Corte percibida como absolutamente independiente. La sola apariencia de afinidad política prolongada con el Ejecutivo, basta para menoscabar la confianza pública en el tribunal, por lo que las designaciones aprobadas resultan, a criterio de los objetores, deficientes en garantías institucionales.
