SALTA.- (Por Renato Ocampo) La insistencia del senador provincial por La Libertad Avanza, Roque Cornejo, de avanzar hacia la privatización de SAETA y la eliminación del sistema actual de boleto gratuito, representa una profunda desconexión con la realidad social de los salteños y un ataque directo a derechos establecidos por ley.
El desmantelamiento de un derecho: Más allá de la eficiencia fiscal
Cornejo ha calificado sistemáticamente al sistema de transporte como un «curro» y ha cuestionado la naturaleza de la gratuidad, afirmando que «nada es gratis» y que los ciudadanos ya pagan el subsidio a través de impuestos. Sin embargo, esta postura ignora que el Sistema de Boleto Gratuito no es una dádiva, sino un derecho instituido por la Ley Nº 8030, la cual garantiza el acceso al transporte para estudiantes de todos los niveles y jubilados en toda la provincia.
Otro detalle que evade el Senador cuando se refiere al tema, es que el gobierno nacional libertario, del cual forma parte, ha eliminado los subsidios al sector, pero solo para las provincias, ya que en Buenos Aires las tarifas cuestan hasta un 50% menos que en Salta.
Por otro lado, propuesta de privatizar SAETA y trasladar el subsidio directamente al usuario, en lugar de a la prestación del servicio, bajo la premisa de «terminar con los intermediarios», encubre una quita de derechos. Al desfinanciar la estructura operativa del transporte masivo, se pone en riesgo la frecuencia y la calidad del servicio para los sectores más vulnerables, quienes dependen de este sistema para acceder a la educación y la salud.
Además, Cornejo ha señalado que SAETA absorbe el 85% del presupuesto destinado a discapacidad, utilizándolo como argumento para cuestionar la gestión de la empresa, sin ofrecer garantías de cómo se mantendría la cobertura universal en un esquema privatizado.
Una lucha de décadas para los estudiantes
Según información oficial, la gratuidad representa el 35% de los viajes que realizan las líneas de todos los corredores. Además, representa décadas de lucha estudiantil que han pedido este beneficio para todos, y que rige en Salta desde la última gestión de Juan Manuel Urtubey, quien primero lo implementó como decreto y luego se transformó en ley para consolidar dicha conquista.
La Ley 8030 establece la gratuidad para estudiantes de niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, tanto de instituciones públicas como privadas, además de jubilados. Cualquier modificación a este esquema implica derogar o vaciar de contenido una ley sancionada para promover la movilidad social.
Actualmente SAETA ha solicitado un incremento del boleto cercano al 20% para llevarlo de $1.150 a $1500, luego del último aumento aplicado en mayo del 2025. Este pedido se fundamenta en la quita de subsidios nacionales, la inflación y el aumento de costos operativos como el combustible. En este escenario, eliminar la gratuidad sumaría una carga económica insoportable para miles de familias.
Cornejo y un intento de subvertir el rol del Estado
La postura del senador Cornejo debe ser leída no como una reforma técnica, sino como un intento de subvertir el rol del Estado como garante de servicios básicos. Para el funcionariado provincial, ceder ante estas propuestas implicaría retroceder décadas en materia de políticas públicas de inclusión, dejando a merced del mercado un servicio esencial que, según la normativa vigente, debe asegurar la igualdad de oportunidades para todos los salteños.
