SALTA – En el marco de la compleja situación económica nacional y su impacto en las finanzas provinciales, la Corte de Justicia de Salta, en línea con el Gobierno provincial, dispuso un plan de austeridad. Este se extenderá por seis meses, con el objetivo de reforzar la contención del gasto público sin afectar el normal funcionamiento del servicio judicial.
La medida fue formalizada a través de la Acordada 14627, según trascendió, y se enmarca en la política de responsabilidad fiscal que el máximo tribunal viene sosteniendo desde diciembre de 2023. En ese sentido, los magistrados señalaron que, si bien el Poder Judicial ha mantenido históricamente criterios de austeridad en su administración, el contexto actual exige profundizar esos lineamientos.
De acuerdo con un informe técnico de la Dirección de Administración, la aplicación de estas restricciones permitirá alcanzar un ahorro significativo en las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio.
El plan contempla una serie de disposiciones estrictas para todas las dependencias judiciales. Entre ellas, se destaca el congelamiento salarial para los jueces de la Corte y la limitación en la adquisición y uso de insumos y bienes, que deberán reducirse a lo estrictamente indispensable.
Asimismo, se dispuso la suspensión de pasajes y viáticos, salvo en casos urgentes y debidamente justificados que resulten esenciales para el servicio de justicia. También se ordenó optimizar los gastos vinculados a la flota oficial y promover un uso más eficiente de servicios básicos como energía eléctrica, gas y telefonía.
Por otra parte, la acordada establece límites en los aumentos para la renovación de contratos de alquiler y servicios, así como un ajuste en los cupos de horas de dedicación complementaria, que deberán responder exclusivamente a necesidades críticas del sistema judicial.
