SALTA – El dolor es el punto de partida. La muerte del niño de cinco años atropellado por el chofer del intendente en La Merced no solo dejó una familia devastada, sino que expuso una trama más profunda: la sensación de abandono que atraviesa a toda una comunidad. En cada marcha, en cada vela encendida, en cada pedido de justicia, lo que emerge no es solo el reclamo por una tragedia, sino la evidencia de un Estado local que, según los propios vecinos, no está.
Los padres, sostenidos por una mezcla de angustia y determinación, encabezan movilizaciones que buscan evitar que el caso se diluya. Pero el reclamo excede lo judicial. En las calles, el diagnóstico se repite con crudeza: La Merced es hoy un municipio acéfalo. La figura del intendente Javier Wayar aparece desdibujada, ausente en el momento más crítico, y eso profundiza la herida social.
Vecinos y referentes barriales coinciden en que no hay conducción política ni articulación institucional. La falta de presencia del Ejecutivo municipal no solo agrava la crisis, sino que también genera un vacío en la gestión de la emergencia. La tragedia, en ese sentido, funciona como catalizador de un malestar previo: servicios deteriorados, escasa capacidad de respuesta y una desconexión evidente entre la conducción política y la vida cotidiana de la comunidad.
En el plano judicial, la situación tampoco logra contener la tensión. Si bien el conductor está imputado, la percepción social es que el proceso avanza sin la claridad ni la firmeza que el caso requiere. Esa incertidumbre alimenta la desconfianza y refuerza la idea de que no hay un rumbo definido.
La Merced atraviesa así un doble drama: el íntimo, marcado por el dolor irreparable de una familia, y el colectivo, atravesado por una crisis de liderazgo. En ese cruce, el reclamo de justicia se transforma también en una demanda política urgente: la necesidad de un Estado presente, capaz de dar respuestas y asumir responsabilidades.
