SALTA – Una vez más, los legisladores que representan a Salta en el Congreso nacional demostraron estar más cerca del poder de turno que de la gente que los votó. Seis diputados salteños, Eliana Bruno, Gabriela Flores, Julio Moreno Ovalle, Carlos Zapata, Pablo Outes y Yolanda Vega, levantaron la mano a favor del proyecto oficialista que modifica el régimen de Zonas Frías, ignorando el golpe directo que esta decisión representa para miles de familias de una provincia históricamente pobre y postergada. El único legislador que votó en contra fue Bernardo Biella.
El daño concreto para Salta
Con 132 votos a favor, 105 en contra y cuatro abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, tras más de 11 horas de sesión, la iniciativa que recorta el alcance geográfico del sistema de subsidios al consumo de gas. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, ahora pasa al Senado donde se espera su sanción definitiva.
El impacto para Salta es devastador: 600 mil damnificados de localidades como Salta Capital, Cafayate, Cachi, Chicoana, La Caldera, La Viña y Rosario de Lerma perderían el subsidio automático al gas. Solo conservarían el beneficio Los Andes, La Poma, Santa Victoria e Iruya, zonas de la Puna consideradas de frío extremo.
Que Salta Capital quede fuera del régimen no es un dato menor. Estamos hablando de la ciudad más poblada de la provincia, donde una porción enorme de la población vive en condiciones de vulnerabilidad económica. El invierno salteño, lejos de ser el frío patagónico que muchos imaginan desde Buenos Aires, golpea duramente a los barrios más humildes, donde el gas no es un lujo sino una necesidad básica.
Ciudades como Cachi y Cafayate, que combinan geografía de altura con economías locales frágiles y dependientes del turismo y la agricultura, tampoco podrán absorber este ajuste sin consecuencias sociales. Lo mismo ocurre con Chicoana, Rosario de Lerma y La Viña, municipios del Valle de Lerma con bolsones de pobreza estructural que el Estado debería atender, no castigar.
El argumento del Gobierno y la realidad de Salta
El oficialismo justifica la medida con los objetivos de “reducción del déficit fiscal, normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas”. Según la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, perderán el subsidio 1.600.000 usuarios en todo el país.
El Gobierno asegura que los sectores más vulnerables estarán protegidos: hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas (actualmente 4,3 millones de pesos), personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y habitantes de barrios populares seguirán recibiendo asistencia. Además, quienes permanezcan en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tendrán un descuento superior al 75% sobre el consumo en los meses de invierno.
Sin embargo, en una provincia como Salta, donde la informalidad laboral es estructural, donde muchos trabajadores no califican en los registros formales del Estado pero tampoco llegan a fin de mes, los mecanismos de focalización históricamente dejan afuera a quienes más necesitan ayuda. La burocracia excluye. Y los que quedan afuera pagan las consecuencias.
Diputados que votan lejos de su gente
Lo más llamativo no es que el Gobierno nacional impulse un ajuste, eso al menos tiene una lógica política declarada. Lo más llamativo es que los siete diputados salteños hayan votado a favor sin chistar, mientras legisladores de otras provincias igualmente afectadas, como los nueve diputados de Provincias Unidas, o el puntano Claudio Álvarez de Innovación Federal, tuvieron la valentía de diferenciarse de sus bloques para defender a sus representados.
En contraste, los salteños se alinearon dócilmente con el oficialismo y sus aliados habituales, PRO, UCR, MID, Innovación Federal, sin que se conozca ninguna negociación, ninguna contrapartida ni ninguna garantía obtenida a cambio para la provincia.
Salta es una de las provincias más pobres del país. Tiene una de las tasas de desempleo más altas, una economía con escaso desarrollo industrial, una dependencia histórica de las transferencias nacionales y una población que sufre el costo de vida con menos herramientas que la mayoría. Votar a favor de quitarle el subsidio al gas a esa población, sin haber peleado ni una sola excepción, no es gestión: es abandono. El proyecto ahora va al Senado, ya sabemos que va a pasar.
