SALTA.- (Por Renato Ocampo) El exministro de Gobierno, Ricardo Villada, continúa firme como representante del 90% de las acciones de la Provincia en la asamblea de SAETA, pero su gestión solo cosecha deudas millonarias y un recorte nocturno que castiga a estudiantes y trabajadores. Un funcionario que siempre cae parado mientras el servicio público se hunde en la desidia.
Mientras más de 100.000 salteños sufren la parálisis total del transporte nocturno desde el pasado 1 de junio, el Ing. Ricardo Guillermo Villada parece observar la crisis desde la comodidad de sus múltiples cargos. Designado mediante el Decreto N° 431/20, Villada es el representante legal y asambleario del paquete accionario del Estado Provincial en SAETA S.A., lo que lo coloca en el corazón de la toma de decisiones de una empresa que hoy se declara en quiebra técnica.
La realidad en las paradas de colectivos es desoladora. El servicio se interrumpe abruptamente entre las 23:30 y las 05:30, obligando a estudiantes de la UNSa y niveles terciarios a abandonar sus clases a las 21:00 para no quedar varados. Sin embargo, esta falta de gestión no parece afectar la estabilidad de Villada, quien desde el 6 de julio de 2020 tiene el mandato de fiscalizar y representar el 90% de las acciones que pertenecen a la Provincia de Salta.
Millones en rojo y una gestión fantasma
La crisis que hoy intentan explicar el presidente de SAETA, Claudio Mohr, y el gerente general, Claudio Juri, revela un agujero financiero que Villada, como representante del accionista mayoritario, no pudo o no supo prevenir. La deuda con las empresas concesionarias asciende a una cifra escalofriante: entre $6.000 y $6.500 millones de pesos.
El costo del mal gasto
Mientras el sistema quema $1.000 millones por semana solo en gasoil, los usuarios enfrentan un recorte de frecuencias que amenaza con agravarse si no aparecen fondos que la gestión de Villada parece incapaz de gestionar. El contraste es obsceno: un funcionario que «siempre queda bien parado» en la estructura del poder, frente a miles de trabajadores que deben pagar taxis o caminar largas distancias por la falta de un servicio básico. La falta de gestión política ha llevado a que el transporte en Salta dependa de medidas paliativas desesperadas, como el aumento de tarifas y el fraccionamiento de trasbordos. Desde SAETA advierten que, sin el aporte provincial que Villada debería garantizar y supervisar, el boleto real debería costar $4.000.
La indignación social crece en las calles y en las redes. Estudiantes autoconvocados ya iniciaron jornadas de protesta frente a la Escuela Normal y el microcentro, exigiendo el restablecimiento inmediato de las frecuencias. La pregunta que circula en cada asamblea estudiantil es la misma: ¿Cómo es posible que el representante de las acciones de la provincia no rinda cuentas por el vaciamiento del sistema?
Un cierre a oscuras
El Ing. Ricardo Villada, cuyo nombre figura en el Boletín Oficial como el hombre clave detrás del control estatal de SAETA, representa hoy la cara de una política que prioriza el cargo por sobre la carga pública. Mientras él conserva su influencia asamblearia, Salta se convierte en una ciudad a oscuras después de las 22:30, con una economía paralizada y una educación recortada por el horario del transporte.
La crisis de SAETA no es solo económica; es una crisis de representación. Es el resultado de funcionarios que se perpetúan en puestos de control mientras las empresas que deben vigilar dejan de funcionar. Para Villada, el decreto de designación sigue vigente; para los salteños, el derecho a viajar dignamente ya es cosa del pasado.
NdR: No surge de la documentación oficial pública relevada una remoción formal de Ricardo Villada del directorio de SAETA.
