SALTA.- (Redacción El Intra) La parálisis nocturna del transporte público en Salta encendió las alarmas políticas y sociales. Este martes 2 de junio, las principales autoridades del sistema de transporte de la provincia acudieron a la Legislatura provincial para brindar explicaciones ante un cuerpo de diputados que osciló entre la exigencia de respuestas y el pase de facturas políticas. La reunión, celebrada en la sala de presidencia de la Cámara de Diputados, contó con la presencia de Claudio Mohr, titular de SAETA, y Marcelo Ferraris, presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT).
El encuentro se dio en un clima de alta susceptibilidad. Horas antes, diputados de diferentes bloques ya adelantaban que esta tarde, durante la sesión en el recinto, se presentarán formalmente diversos pedidos de informe para auditar a fondo la crisis del sector.
La suspensión total del servicio en la franja nocturna —decidida de forma unilateral por las empresas subconcesionarias debido a la falta de efectivo para la compra de combustible— fue calificada por los legisladores como una medida extrema.
La diputada provincial Socorro Villamayor, no ocultó su malestar: “A nosotros particularmente nos sorprendió. Coincido en que ha sido una decisión abrupta que ha impactado en la vida y en la actividad social de todo comercial y demás”, afirmó. Para Villamayor, la medida desnuda el impacto de las políticas nacionales en el territorio: “Lo cierto es que la macroeconomía tan deseada de la hojita de Excel de Milei impacta también en esto. Hay que ver cuál es la ecuación que ha llevado a esta medida extrema”. La legisladora advirtió que la falta de colectivos obliga a los usuarios a recurrir a alternativas más costosas implementadas por el municipio, como las aplicaciones de transporte privado
Una decisión «abrupta» que impacta en la actividad social y comercial
En una línea similar se expresó el diputado Gastón Galíndez, quien apuntó a la asfixia financiera que sufren las provincias por la liberación de precios del combustible desde marzo, la quita de subsidios y la suba de costos laborales. Galíndez reveló además que la crisis del transporte se suma a un desborde en el área de salud, donde el recorte nacional provocó que “más del 60% de las personas dejaran de ser atendidas en las obras sociales por falta de cobertura, sobrecargando el sistema público”. No obstante, el legislador intentó aportar algo de optimismo tras haber mantenido conversaciones previas con las autoridades de SAETA: “Se habló con la provincia para este mes intentar resolver esta coyuntura y que el horario nocturno se pueda cumplir”, sugiriendo como alternativa técnica la readecuación de recorridos basados en los horarios de mayor demanda.
Por detrás de las severas críticas de los legisladores salteños hacia el Palacio de Hacienda de la Nación, subyace una paradoja netamente política. Resulta llamativo que tanto la diputada Socorro Villamayor como su par Gastón Galíndez pertenezcan a bloques e intereses alineados con el oficialismo provincial que, a través de sus representantes en el Congreso Nacional, terminó dando el visto bueno legislativo y las herramientas clave para que el gobierno de Javier Milei avanzara con su drástico plan de ajuste.
Por su parte, los diputados libertarios prefirieron no recoger el guante ni hacerse cargo de las acusaciones que señalaban a la Casa Rosada como la principal responsable del estrangulamiento financiero. Lejos de ensayar una autocrítica o mostrar empatía por el impacto del ajuste en los usuarios salteños, optaron por apelar a la clásica estrategia de «fingir demencia» y, fieles al manual de estilo de su espacio, se parapetaron detrás de frías planillas de Excel.
Subsidios vs. eficiencia empresarial
La discusión en la Legislatura reflejó la profunda grieta nacional. Por un lado, los diputados alineados con el gobernador Gustavo Sáenz culparon de forma directa al Gobierno de Javier Milei por la eliminación del Fondo Compensador del Transporte y el recorte de los subsidios.
Del otro lado del ring, los legisladores del bloque Libertario salieron en defensa de la Casa Rosada y cargaron la responsabilidad sobre las arcas provinciales y la rentabilidad empresaria. Según los cálculos, con este recorte nocturno las empresas prestatarias se ahorrarían un estimado de 120 mil viajes mensuales (equivalentes a unos 60 mil kilómetros de recorrido), lo que representaría un alivio financiero de 220 millones de pesos, reduciendo el consumo planificado en 2.3 millones de litros de gasoil. Asimismo, criticaron que el costo por kilómetro del sistema local es un tercio más elevado que el del transporte de carga general.
Sinceramiento de números: recaudación en caída y una deuda de $7.000 millones
La trastienda económica de la crisis fue detallada por las propias autoridades del sistema. El gerente general de SAETA, Claudio Juri, confirmó que la deuda acumulada con las empresas subconcesionarias asciende a los 7.000 millones de pesos.
A este pasivo se suma el fracaso de la última actualización tarifaria. Juri indicó que la recaudación esperada tras el incremento del boleto aplicado el pasado 8 de abril quedó muy por debajo de las expectativas. Mientras SAETA proyectaba ingresos por 400 millones de pesos diarios para mitigar el déficit, la recaudación real apenas alcanzó los 350 millones de pesos por día —entre 50 y 70 millones menos de lo previsto—, debido a una marcada baja en la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio.
Por su parte, el vicegobernador Antonio Marocco adoptó una postura de mediación y descartó de plano la aplicación de sanciones inmediatas a las compañías. “Estamos en una negociación permanente con los empresarios y la gente de UTA. Nunca podríamos sancionar a las empresas cuando vos tampoco pagás. No podés requerir del otro lado el cumplimiento… No hay incumplimiento de pago, lo que hay son atrasos, y esto pasa cuando a uno no le alcanza. Vio que la sociedad argentina está endeudada con la tarjeta… esto es una cosa parecida”, comparó de manera ilustrativa.
«Es un problema de recursos, no de política»
Al término de la reunión con los diputados, el titular de SAETA, Claudio Mohr, catalogó el balance del encuentro como positivo y defendió la gestión provincial. “Cumplimos con nuestra obligación de venir a dar explicaciones. El problema no es político, es un problema de recursos coyuntural. No arrastramos una deuda financiera de años”, aclaró, remarcando que el precio del combustible —insumo crítico del sector— aumentó un 60% solo en los últimos 50 días.
Mohr admitió que las empresas tomaron la decisión de suspender el servicio nocturno ante el atraso del 25% en el pago de la operación correspondiente al mes de mayo, argumentando la falta de efectivo para cargar gasoil. “Yo no voy a acompañar ni voy a discutir la decisión, es una realidad. El sistema de transporte se está reduciendo en todo el país; en el AMBA, que concentra los subsidios de todos los argentinos, la reducción del servicio lleva más de 40 días y es del 40%. Nosotros hoy solo tenemos afectado el nocturno”, matizó.
Ante la consulta sobre si la medida constituye un «toque de queda encubierto» para la sociedad y la amenaza latente de las empresas de suspender también el servicio los días domingos, Mohr fue tajante: “Vamos a trabajar para que eso no ocurra. Ayer se hizo una transferencia parcial de fondos. En el país del ‘no hay plata’, donde cayó la coparticipación y la recaudación provincial, a medida que ingresan los fondos se van transfiriendo”.
Finalmente, el funcionario llevó tranquilidad a los sectores educativos al confirmar que, pese a los severos ajustes aplicados para sostener el sistema (como la suba de tarifas y la racionalización de trasbordos), el Pase Libre Estudiantil está plenamente garantizado por ley, aunque continuarán los controles estrictos para evitar filtraciones o usos indebidos del beneficio. Por el momento, la restricción nocturna se mantiene vigente mientras continúan las negociaciones a contrarreloj entre SAETA, la AMT, las empresas y el Ministerio de Economía provincial.
Pese a la gravedad de la situación que mantiene a miles de salteños a pie durante la noche, el encuentro en la sala de presidencia no pasó de ser una instancia meramente informativa y de catarsis discursiva. En sintonía con la parsimonia habitual de la rosca legislativa, ningún diputado se mostró dispuesto a extremar las medidas ni amenazó con encadenarse a las puertas de la Legislatura si el conflicto no se resuelve de inmediato; como tampoco se vislumbró entre los representantes la iniciativa de redoblar esfuerzos, extender las comisiones o trabajar horas extra para forzar una solución legislativa urgente.
La reunión sirvió para exponer los números de la crisis y repartir culpas políticas, pero dejó en evidencia que, mientras los usuarios recalculan cómo volver a sus hogares, en el recinto la urgencia se diluye en formalidades.
