SALTA.- (Por Diego Nofal) El Poder Judicial de Salta ha anunciado con bombos y platillos la creación de cinco nuevas fiscalías en la capital provincial, en una movida que pocos dudan en calificar como una acumulación estratégica de poder, un mecanismo que le permitirá al fiscal general Pedro García Castiella y a la defensora general Ada Zunino acceder a muchos más recursos de los que ya manejan.
Ese es justamente el problema estructural de fondo que convierte al Poder Judicial de Salta en una aspiradora insaciable de recursos económicos sin ningún tipo de control externo, un aparato que jamás deja de gastar el dinero de los contribuyentes salteños con una creatividad contable digna de elogio y una nula vocación por la austeridad presupuestaria.
Hace apenas una década la Defensoría General de la provincia funcionaba con cien abogados auxiliares y una estructura modesta que ahora parece una leyenda de tiempos remotos y lejanos, hoy cuenta con más de mil letrados que perciben sueldos bastante interesantes mientras los contribuyentes miran atónitos la multiplicación de los panes judiciales sin que mejore un ápice el servicio de justicia.
Muchos de esos auxiliares acceden a breves adscripciones temporales a la Corte de Justicia provincial y esa artimaña burocrática les otorga un plus salarial que ya nadie les quita jamás, una anomalía que ilustra cómo la casa se reserva privilegios que en el sector privado serían un escándalo de proporciones bíblicas y un festival de despidos fulminantes e inmediatos.
Ahora sumarán cinco flamantes fiscalías que demandarán secretarios, abogados auxiliares y personal administrativo en cantidades industriales mientras rige un decreto provincial que prohíbe cualquier contratación por seis meses, el mismo decreto al que el Poder Judicial adhirió con solemnidad hace apenas un par de meses y que ahora parece haber quedado en el más elegante de los olvidos.
La verdadera joya del sistema es su incapacidad para investigarse a sí mismo con un mínimo de decencia, algo que cualquier repartición pública de una democracia funcional consideraría básico, pongamos un ejemplo que raya en el disparate si un ciudadano común quiere denunciar al jefe de los fiscales su presentación recae en un empleado subordinado a él.
Antes el jefe de los fiscales podía escudarse en el argumento perezoso de que todas las provincias funcionan igual pero eso ya no se sostiene frente a los mecanismos concretos que existen en San Juan, allí se han creado procedimientos expresos para denunciar a jueces, fiscales y a cualquier integrante de la llamada familia judicial sin que el investigado controle la pesquisa de manera alguna.
La Justicia de Salta, encargada de velar por la institucionalidad de la provincia, está a punto de pasar por alto el decreto de contención del gasto que firmó con gran pompa, no solo sumará cinco fiscalías sino que contratará decenas de personas con sueldos más que jugosos en un aparato que nunca deja de aspirar recursos de los contribuyentes a cambio de soluciones mínimas.
La verdad debe contarse entera, siempre. Para aportar información, puteadas y amenazas diegonofal@gmail.com
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