SALTA.- (Por Renato Ocampo) El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dictó la Resolución 114, eliminó de forma unilateral ocho normativas que protegían a las economías regionales. Esta medida, lejos de ser un avance hacia la modernización, representa un riesgo existencial para la provincia de Salta, donde 3.000 hectáreas de cultivo de banana corren el riesgo de quedar inutilizadas.
«Una locura de algún funcionario nacional»
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, no ahorró calificativos para repudiar la desregulación, tildándola de ser «una locura de algún funcionario nacional que desde un escritorio deroga de un plumazo con un decreto algo que viene protegiendo a la producción bananera». Para el mandatario, esta acción evidencia un «desconocimiento total de lo que es la Argentina y las necesidades que tiene», denunciando además que la falta de consulta previa constituye «una falta de respeto» hacia las provincias productoras.
Sáenz fue tajante al advertir sobre las consecuencias devastadoras: «Si entra el hongo sigatoka a la región, se convierte en improductiva durante más de treinta años». En su defensa de la soberanía provincial, recordó que «todo lo que está debajo de la tierra le pertenece a las provincias» y que el Gobierno Nacional no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de sus suelos de manera arbitraria.
El grito de los productores: «Se termina la plantación»
Desde el sector productivo, el diagnóstico es igual de sombrío. José Luis Checa, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta, advirtió que la entrada de patógenos como el Fusarium raza 4 o la sigatoka negra es una sentencia de muerte para el sector: «Cuando esa enfermedad te entra a la producción, se termina la plantación… no sirve más y no se puede plantar banana por 30 o 40 años».
Por su parte, el productor Fernando Ortiz calificó la situación como el «COVID de la banana», señalando que la derogación de normas vigentes desde 1994 nos expone a una situación «muy compleja». Ortiz subrayó que la medida no es un debate sobre libre mercado, sino sobre supervivencia: «Esto no es una cuestión de proteccionismo económico sino una cuestión sanitaria».
Impacto devastador en cifras
La contundencia de los datos estadísticos revela la magnitud del desastre potencial: 3.000 hectáreas en riesgo: solo en Salta, la producción que abastece a todo el país depende de la integridad sanitaria de estas tierras. De 3.500 a 4.000 empleos directos: Familias enteras de peones y trabajadores rurales dependen de una actividad que el gobierno nacional ha decidido desproteger.
Los productores locales enfrentan costos laborales y de insumos que son el doble en comparación con países como Bolivia y Paraguay. La producción de Salta, Jujuy y Formosa apenas cubre entre el 10% y el 12% del consumo interno, el cual ahora queda a merced de importaciones sin controles estrictos.
Salta concentra entre el 65% y el 70% de la producción nacional de banana, principalmente en los departamentos Orán y San Martín. Por ese motivo, productores y funcionarios temen que una emergencia sanitaria pueda comprometer una economía regional completa.
Un futuro incierto bajo el centralismo porteño
La administración nacional justifica esta medida bajo la bandera de eliminar «leyes hojarascas» y reducir precios, pero los productores aseguran que el impacto en el precio será nulo y el riesgo sanitario, total. Ante este escenario, la Provincia ha solicitado de carácter urgente una reunión técnica para frenar lo que consideran un ataque a la producción regional.
