SALTA – La situación de la Ruta Nacional 34 en el norte salteño continúa bajo seguimiento de la Justicia Federal, luego del amparo colectivo presentado por el exsenador nacional Sergio Leavy junto a vecinos de la región para exigir obras de reparación y mantenimiento en uno de los corredores viales más deteriorados de la provincia.
La causa ya derivó en una medida cautelar concreta. En noviembre de 2025, el Juzgado Federal de Tartagal ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad ejecutar, en un plazo de 90 días, tareas de bacheo y repavimentación sobre los sectores más críticos del tramo de 198 kilómetros comprendido entre Urundel, en el límite con Jujuy, y Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia.
El fallo también estableció que Vialidad debía presentar informes cada 30 días ante el juzgado para detallar el avance de los trabajos, incluyendo los sectores intervenidos y las referencias kilométricas.
La decisión judicial fue luego ratificada por la Cámara Federal de Salta, que en febrero de 2026 rechazó la apelación presentada por el Estado nacional y dejó firme la medida cautelar. El tribunal sostuvo que las reparaciones ordenadas responden a obligaciones que ya corresponden a Vialidad Nacional y descartó que la intervención judicial implicara una intromisión indebida en las funciones del Poder Ejecutivo.
Una ruta deteriorada y con riesgo para los usuarios
La Justicia consideró acreditado, al menos de manera preliminar, el grave deterioro de distintos sectores de la traza. Entre los problemas señalados aparecen pozos profundos, grietas, socavones, deformaciones del asfalto, banquinas descalzadas y falta de mantenimiento.
Los reclamos por el estado de la ruta no son nuevos. En abril de 2025, la Cámara de Diputados de Salta había aprobado un proyecto para solicitar gestiones ante Vialidad Nacional con el objetivo de garantizar el mantenimiento del tramo Urundel-Salvador Mazza. En aquella oportunidad también se advertía sobre el aumento de los accidentes y el riesgo que representaba el estado de la calzada.
El amparo de Leavy y el seguimiento judicial
El abogado de los demandantes, Facundo Maciel Cornejo, cuestionó posteriormente el nivel de cumplimiento de la orden judicial. En abril de 2026 sostuvo que Vialidad había presentado un informe en diciembre y luego no habría cumplido con la obligación de informar periódicamente sobre los avances. También señaló que el plazo de 90 días establecido por la cautelar había vencido.
El planteo coloca nuevamente el foco sobre la responsabilidad del organismo nacional encargado de la conservación de las rutas nacionales y sobre la distancia entre las órdenes judiciales y la ejecución efectiva de las obras.
El caso de la Ruta 34 se convirtió además en otro capítulo de la discusión entre el Gobierno nacional y las provincias por el financiamiento y mantenimiento de la infraestructura vial.
Mientras los reclamos locales apuntan a la falta de obras y mantenimiento, la Justicia ya estableció que Vialidad Nacional debe intervenir en los sectores considerados críticos. La propia Cámara Federal señaló que el organismo había reconocido la realización de tareas de mantenimiento en el sector, pero entendió que eso no eximía al Estado de garantizar condiciones mínimas de seguridad para los usuarios.
Por ahora, la Ruta 34 continúa siendo un punto de conflicto político, judicial y vial. La causa iniciada por Leavy y los vecinos logró que la Justicia impusiera obligaciones concretas a Vialidad, pero el cumplimiento efectivo de esas medidas sigue bajo cuestionamiento.
