SALTA – Esta es Salta, la provincia donde la política no se ejerce, se padece. Si usted tuvo la desgracia de sintonizar la última sesión del Concejo Deliberante capitalino, déjeme expresarle mi más sincera solidaridad. Qué descalabro para los oídos. Una vez más, asistimos al banquete de la política chiquita, pacata y medio miserable, donde las urgencias de la gente —el bolsillo prendido fuego, los pibes sin futuro, la crisis explotando en la esquina— importan bastante menos que un intercambio de agravios digno de un recreo de primaria.
El gran espectáculo arrancó tras las explicaciones del concejal (y cantante) José García, que tuvo que salir a justificarse porque el bloque libertario pidió su remoción. ¿El delito institucional grave? Haber dedicado un vistoso fuck you a la Casa de la Libertad.
Pero la verdadera joya de la tarde llegó de la mano de la concejal Érica Castro, que en medio del delirio pidió «pensar en los niños» que siguen la transmisión. Afortunadamente para la salud mental de la infancia salteña —y para la tranquilidad de cualquier padre con un mínimo de criterio—, los chicos no miran las sesiones del Concejo Deliberante. La verdad es aún más categórica y brutal: no las mira nadie. Salvo tres o cuatro asesores obligados a poner el presente y algún periodista castigado, la transmisión oficial transcurre en la más absoluta soledad. A nadie le importa lo que se dice en ese recinto, y no por apatía ciudadana, sino por pura supervivencia intelectual: la gente está demasiado ocupada tratando de llegar a fin de mes como para gastar su vida consumiendo un espectáculo aburrido, berreta y desconectado de la realidad.
Castro, ensayando un tono de reserva moral, se indignaba ante el micrófono: “Entiendo que estamos en un horario de protección al menor… ¿qué ejemplo se está dando a la honorable institución?”
En su alocución —un laberinto sintáctico del que cuesta salir ileso—, la concejal cruzó señalamientos por frases como «si quieren jugar con fuego se van a quemar», acusó egos desmedidos, denunció que las llaman «ridículas» y «burras», y hasta se dio el lujo de meter una lección de libre mercado: “Hablan de peces gordos, de millonarios… Yo no tengo nada en contra del millonario mientras la gane de buena ley.”
Para cerrar su número, Castro no aguantó la tentación y le tiró un dardo envenenado a la afinación de su colega: «La voz del concejal retumba tanto acá… seguramente es un excelente cantante, pero no retumba así su idea o la gestión». Una finura.
Para coronar el absurdo, la concejal libertaria Florencia León sumó su propio aporte a la doctrina del debate republicano al pedir que, por favor, «se debe hablar mejor», argumentando con preocupante gravedad institucional que si siguen bajando el nivel, después «Yutu» (sic) les termina eliminando la sesión de la plataforma.
Mientras el país se hunde y en las barriadas de Salta los vecinos cuentan los pesos para llegar al mediodía, el órgano deliberativo de la ciudad debate gestos con el dedo medio, acusaciones de cinismo y la potencia vocal de los ediles. Todo muy berreta, muy bajo, muy infantil. Una vergüenza ajena que cuesta pagar con impuestos.
Y al final de este sainete, a uno le queda una sola duda picando en la cabeza: ¿Erica Castro piensa todas estas cosas solita o hay alguien que la ayuda a pensar?
¿Cuánto le cuesta el Concejo Deliberante a los vecinos de Salta?
Según datos oficiales expuestos por el periodista Gerardo Rebak, en ferbero de este año, a partir de informes de la Fundación Libertad y el Presupuesto Municipal, mantener la estructura del Concejo Deliberante de Salta insume 10.800 millones de pesos anuales en sueldos, posicionándolo como el tercer organismo municipal que más gasta en personal. En lo que respecta directamente a los 21 ediles, el gasto en dietas asciende a 79,7 millones de pesos mensuales en conjunto —con haberes brutos individuales de $3.797.984 que representan un neto de unos $3.034.843 de bolsillo para cada uno—; sin embargo, el costo real se dispara al considerar la dimensión institucional: con un presupuesto donde el 83,28% se destina al pago de salarios para una planta de aproximadamente 750 trabajadores (250 permanentes y 500 políticos o transitorios), la estructura global representa un promedio de 35,7 empleados por cada concejal, generando un elevado costo salarial comparado con áreas municipales de servicio directo.
Y mientras este sainete ocurre en vivo, la cuenta la pagamos todos. A valores de febrero —fecha de la última publicación oficial de informes presupuestarios— el funcionamiento de este cuerpo deliberativo ya representaba una erogación millonaria que, con la inflación acumulada a la fecha, hoy debe ser una cifra escandalosa. Una estructura carísima, repleta de asesores, dietas y transmisiones desiertas, para que un puñado de dirigentes juegue al centro de estudiantes. Un lujo absurdamente caro que le sale muy pesado al vecino salteño.
