(Por Diego Nofal) Salta.- La reciente detención de Rafael Resnick Brenner, ex director de la AFIP Salta, ha generado interrogantes sobre los motivos que llevaron a su arresto en la provincia de Buenos Aires. El Tribunal Federal en lo Criminal número 2 de Salta ordenó su captura luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena por el delito de concusión. El ex funcionario fue trasladado a la División Unidad Operativa Federal de Campana, donde permanecerá alojado mientras su defensa evalúa las opciones legales disponibles. La pregunta que muchos salteños se formulan es cómo un representante del fisco pudo caer en semejantes prácticas corruptas.
Los hechos que motivaron la condena se remontan a 2015, cuando el empresario Fredy Tejerina fue citado por la AFIP Salta para regularizar su situación impositiva ante el organismo recaudador. En ese momento, Resnick Brenner y su colaborador Nicolás Fili habrían aprovechado la coyuntura para exigir al contribuyente el pago de 1.500.000 pesos a cambio de facilitar la gestión administrativa. Tejerina, atemorizado por las consecuencias de no cumplir con la exigencia, accedió a entregar el dinero que los funcionarios le reclamaban como condición para resolver su problema fiscal. La investigación posterior demostró que esta práctica no era un hecho aislado, sino parte de un modus operandi que los acusados habrían repetido en otras ocasiones.
El fiscal federal Carlos Amad solicitó la detención inmediata del ex director una vez que la Corte Suprema rechazó todos los recursos presentados por la defensa el pasado 27 de agosto. La condena impuesta por el Tribunal Oral Federal de Salta en julio de 2023 había quedado en suspenso durante más de un año, mientras los abogados del ex funcionario agotaban todas las instancias procesales disponibles. La paciencia de los jueces llegó a su límite cuando el máximo tribunal del país desestimó los planteos de la defensa, allanando el camino para la ejecución de la pena. Amad no dudó en ordenar el arresto, cumpliendo con su deber de hacer respetar las decisiones judiciales firmes.
La sentencia condenó a Resnick Brenner a 4 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por 5 años y una multa de 90 mil pesos. El tribunal lo encontró penalmente responsable del delito de concusión, que en este caso implicó la exigencia de dinero valiéndose de su condición de funcionario público y generando temor en la víctima. Los jueces absolvieron al acusado del cargo de defraudación, pero consideraron probada la coacción ejercida sobre el empresario Tejerina durante el trámite fiscal. La diferencia entre ambos delitos resultó crucial para determinar la pena final, aunque la condena por concusión ya resulta suficientemente grave para justificar el encarcelamiento inmediato.
El ex director ya arrastraba una condena previa de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua, dictada por el Tribunal Oral Federal número 4 de la Capital Federal. Ese fallo, que quedó firme en diciembre de 2021, lo encontraba culpable de negociaciones incompatibles con la función pública, un delito que manchó su carrera años antes del escándalo salteño. El Tribunal Oral Federal de Salta unificó ambas sentencias en una pena única de 5 años y 6 meses de prisión, aunque aclaró que la ejecución quedaría suspendida hasta que la resolución quedara firme. La confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema activó automáticamente la orden de detención, sin posibilidad de nuevas suspensiones o prórrogas.
La defensa del ex director anunció que presentará un recurso de reposición in extremis ante la Corte Suprema, buscando revertir la situación en el último momento posible. Sin embargo, el Tribunal Federal salteño ya se pronunció sobre esta eventualidad, señalando que dicha presentación no tiene efecto suspensivo ni constituye una vía impugnativa válida. Los abogados del condenado tendrán que esforzarse al máximo si pretenden evitar que su cliente ingrese efectivamente al sistema penitenciario federal. La postura del tribunal refleja la determinación de los jueces por poner fin a las maniobras dilatorias que caracterizan a este tipo de causas judiciales.
Los salteños esperan que este caso sirva como escarmiento para otros funcionarios que pudieran estar tentados a utilizar su posición para obtener beneficios personales indebidos. La corrupción en la administración pública no es un fenómeno nuevo en la provincia, pero la detención de un ex director de la AFIP envía una señal contundente sobre la seriedad con que se toman estos delitos. Queda por ver si este precedente tendrá un efecto disuasivo real o si, por el contrario, los mecanismos de control seguirán siendo insuficientes para prevenir el abuso de poder. La justicia salteña ha demostrado que, cuando se dan las condiciones adecuadas, puede actuar con firmeza contra los funcionarios corruptos.
