(SALTA).- La Legislatura provincial se enfrenta a un nuevo pedido de endeudamiento del Ejecutivo, pero el debate sobre el tratamiento sobre tablas dejó al descubierto la tensión entre la función de control y la necesidad de mantener el diálogo con el gobernador Gustavo Sáenz.
«En la política sobre todo, la soberbia no sirve para nada«, afirmó la diputada Galleguillos, desmarcándose de su pasado confrontativo y abrazando una lógica de consenso que, según ella, es la única vía para avanzar en un trabajo legislativo productivo.
«Yo creo que es importante el consenso entre Ejecutivo y Legislativo», insistió la legisladora, aunque el periodista le recordó que los diputados son un poder autónomo y llegó a preguntar si se dejarían «mandonear», una expresión que corresponde al entrevistador y no a la postura de ella.
La diputada fue clara al condicionar su voto favorable a una cuestión geográfica, porque «mientras se trate de hacer obras para el departamento Rosario de Lerma y obviamente derrame el beneficio de la provincia, voy a acompañar» el nuevo endeudamiento solicitado por el Ejecutivo.
Sin embargo, también reconoció que «nuestra función como legisladores es controlar«, una afirmación que choca con el antecedente de que la provincia ya se había endeudado el año anterior sin que se conocieran auditorías exhaustivas sobre el destino de esos fondos.
Esa contradicción entre el deber constitucional de fiscalizar y la voluntad de acompañar al oficialismo genera un interrogante incómodo sobre si el consenso se está convirtiendo en un sinónimo de obediencia disfrazada de buena voluntad política.
Los salteños observan con atención cómo sus representantes debaten la autorización para tomar más deuda, mientras la discusión sobre el control efectivo de lo ya gastado queda relegada a un segundo plano que apenas se menciona en los pasillos del recinto.
