(SALTA).- El Gobierno nacional presentó esta semana el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla una inversión de $127.447 millones para obras y proyectos ubicados en la provincia de Salta. La cifra, que forma parte de una estrategia más amplia de la Casa Rosada para sumar obras en jurisdicciones de gobernadores aliados, incluye partidas para rutas, saneamiento, infraestructura judicial y exploración minera, entre otros rubros.
Entre las obras más destacadas se encuentra el mantenimiento de la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre Abra del Acay y San Antonio de los Cobres, con un monto superior a los $30.613 millones. También se prevén trabajos sobre la autopista de la Ruta Nacional 9/34, en el tramo Rosario de la Frontera–límite Salta/Jujuy, con una partida de $69.114 millones, y obras complementarias en la Ruta Nacional 9 entre Salta y La Caldera por $6.663 millones. Estas intervenciones buscan mejorar la conectividad en corredores estratégicos para el turismo, la minería y el transporte de carga.
En materia de saneamiento, el presupuesto incluye alrededor de $5.399 millones de financiamiento externo para la planta depuradora y colectora máxima de Cafayate, además de la Planta Depuradora Sur y la Ciudad Judicial de Orán, con montos que se distribuirán entre recursos nacionales y crédito externo. La Comisión Nacional de Energía Atómica también tiene presupuestada una inversión de $100 millones para la exploración de yacimientos de uranio en Salta, Jujuy y Catamarca, lo que refleja el interés del Gobierno por impulsar la actividad minera en la región.
La presentación del proyecto coincidió con la ronda de reuniones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo con gobernadores del Norte Grande, entre ellos Gustavo Sáenz. Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas, se abordaron los detalles del presupuesto, las proyecciones económicas para el próximo año y los reclamos provinciales. Sáenz llevó a la mesa la necesidad de reactivar obras comprometidas, intervenir las rutas nacionales 9/34, 50 y 51 e implementar una tarifa eléctrica diferencial para las zonas cálidas.
La estrategia del Gobierno nacional de incluir obras para gobernadores aliados no es casual. En un escenario preelectoral y con la agenda legislativa trabada en el Congreso, la Casa Rosada busca destrabar acuerdos y asegurar votos para la aprobación del presupuesto y de la reforma electoral. La inclusión de partidas para Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy responde a ese objetivo: sumar voluntades a cambio de obras concretas.
Los gobernadores, por su parte, reciben el gesto con cautela. Saben que las partidas pueden sufrir recortes o demoras en su ejecución y que el apoyo al presupuesto no garantiza que las obras se concreten en los plazos previstos. Sáenz, en particular, ha sido crítico con la falta de cumplimiento de los compromisos nacionales y ha advertido que “la paciencia se va acabando” cuando se percibe falta de reciprocidad. Su respaldo al presupuesto, por lo tanto, no está asegurado y dependerá de las señales concretas que reciba en las próximas semanas.
El Presupuesto 2027 se convirtió así en una herramienta de negociación política de doble filo. Para el Gobierno nacional, representa la oportunidad de ordenar las cuentas y avanzar con su agenda legislativa; para los gobernadores, es la chance de obtener recursos y obras para sus provincias. En el medio, la relación entre Nación y provincias se juega en un equilibrio tenso, donde cada partida presupuestaria es leída como un gesto político y cada reunión como una señal de alineamiento o de distancia.
