SALTA.- (Por Diego Nofal)- Las empresas prestatarias del transporte metropolitano de Salta confirmaron una nueva reducción de unidades y frecuencias. La causa inmediata es la falta de pagos de SAETA, la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor. Desde julio de este año, las compañías denuncian atrasos que afectan directamente la compra de combustible y el mantenimiento de las unidades.
Las firmas Ahynarca, Ale Hnos, El Cóndor, Alto Molino, Transal y otras difundieron una solicitada donde responsabilizan a la conducción de SAETA por el deterioro del servicio. Sostienen que cuentan con la flota, el personal y los recursos necesarios para operar con normalidad. La dirigencia estatal, sin embargo, parece más ocupada en gestionar asistencia financiera extraordinaria que en cumplir con los contratos vigentes.
Los usuarios de la capital salteña y el área metropolitana ya sienten el impacto. La reducción inicial fue del trece por ciento; luego se aplicó otro recorte del cuatro por ciento y se sumó una disminución de frecuencias los sábados. Los pasillos de las terminales se llenan de gente esperando un colectivo que nunca llega. Los empresarios piden la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz para alcanzar una solución urgente y definitiva.
El organismo estatal reconoció que gestiona una asistencia financiera ante el Gobierno provincial. Las empresas también reclaman el estricto cumplimiento de los contratos y seguridad jurídica para quienes invirtieron en el sistema. La dirigencia de SAETA brilla por su silencio y solo atina a prometer información oficial que nunca se concreta. La paciencia de los pasajeros tiene un límite y ese límite ya se cruzó.
El transporte público no es una variable de ajuste ni un servicio de lujo. Es un derecho social que el Estado debe garantizar de forma ininterrumpida. Las prestatarias advirtieron que si no se regulariza la situación podrían enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones y hasta despedir personal. La provincia que se jacta de su gestión ordenada no puede dejar que los colectivos se detengan por falta de pago.
El gobernador Sáenz debería recordar que los salteños pagan sus impuestos puntualmente y esperan un servicio digno a cambio. La dirigencia de SAETA habla de asistencia financiera mientras los coches se caen a pedazos y las frecuencias se esfuman. La desidia no es una política pública, aunque este gobierno parezca empeñado en demostrar lo contrario. Mientras tanto, los vecinos siguen esperando en las paradas con una paciencia que ya roza lo heroico.
