(SALTA).-(Por Diego Nofal).- La alerta máxima en Salta por los desmontes sobre tierras wichí volvió al centro de la discusión pública y las críticas apuntan contra el gobierno de Gustavo Sáenz. Organizaciones de pueblos originarios denuncian que una ley provincial podría habilitar la deforestación de cientos de miles de hectáreas en el Chaco salteño.
El número que circula en los documentos y en las radios comunitarias es de 720.000 hectáreas, una cifra que suena a catástrofe ambiental y a negocio inmobiliario. Los dirigentes wichi advierten que el avance del desmonte ya afectó fuentes de agua, montes y territorios comunitarios que sus familias ocupan desde hace siglos.
Desde el Gobierno provincial respondieron que la norma busca ordenar situaciones preexistentes y no habilitar nuevos desmontes masivos en la región. La explicación oficial convive bastante mal con las imágenes satelitales, que muestran un ritmo de tala difícil de explicar con argumentos técnicos.
Las organizaciones ambientales pidieron la intervención de la Justicia y reclamaron que se suspenda cualquier autorización hasta que exista un estudio serio. La causa acumula presentaciones, amparos y pedidos de informes, aunque el monte chaqueño no espera los tiempos de la burocracia judicial.
El conflicto también tiene una dimensión política evidente, porque el oficialismo provincial y el Gobierno nacional comparten miradas parecidas sobre el uso del suelo. La denuncia de los pueblos originarios incomoda a ambos, sobre todo cuando las cámaras internacionales empiezan a prestar atención al tema.
Los especialistas recuerdan que el Chaco salteño es uno de los ecosistemas más castigados del país y que su pérdida afecta el clima regional. Cada hectárea talada es una promesa de desarrollo que rara vez llega a los pueblos que habitan esos territorios desde siempre.
La pelea seguirá en los tribunales, en la Legislatura y en las rutas del norte provincial, con comunidades que resisten y funcionarios que juran equilibrio. Mientras se define quién tiene razón, las topadoras no toman vacaciones ni esperan fallos judiciales que podrían demorar años.
