(SALTA).-(Por Diego Nofal).- Las ayudantías en los profesorados de Salta, dependientes de la Dirección General de Educación Superior, se convirtieron en un botín codiciado que pocos controles administrativos parecen capaces de vigilar con eficacia. La Resolución N° 3418/12 establece con claridad que estas horas auxiliares deben recaer en docentes con título específico y formación pedagógica acreditada para acompañar la cátedra de prácticas docentes.
Sin embargo, la realidad cotidiana en los Institutos de Educación Superior dependientes de la Dirección General de Educación Superior parece escribir un guion bastante distinto al que la normativa vigente pretende imponer con tanta elegancia burocrática. Cada hora cátedra de ayudantía representa una erogación cercana a los 100.000 pesos que el erario provincial desembolsa con una generosidad que contrasta con la precariedad de otros rubros educativos.
Si multiplicamos ese valor por las más de 100 horas disponibles anualmente obtenemos una cifra que ronda los 120 millones de pesos destinados a un mecanismo cuya transparencia brilla por su ausencia. Desde la gestión de María Antonieta Arévalo y con la colaboración estrecha de Carolina Andrea Calderón Gaona las ayudantías se transformaron en una caja negra donde el reparto respondía a criterios ajenos a la norma.
Con el desembarco de Carlos Renato Delgado al frente de la Dirección General de Educación Superior esa oscuridad se profundizó hasta límites que ni los rectores del interior más resignados podían imaginar. Los institutos del interior contemplan atónitos cómo sus horas asignadas se esfuman para pagar sobre sueldos de supervisoras, personal administrativo, informáticos y otros especímenes que habitan el edificio de Avenida Lucrecia Barquet.
La ministra Cristina Fiore Viñuales pareció soltarle la mano a Delgado en septiembre cuando las quejas de rectores de Salvador Mazza, Tartagal, Mosconi, Aguaray y Cachi se volvieron imposibles de ignorar. Alejandro Williams Beker hizo su magia y bendijo a Florencia Wehner Piccolo como nueva directora general mientras la nómina de beneficiarios de ayudantías permanece intacta e impune como si nada hubiera cambiado.
El secretario Alejandro Williams Beker, mano derecha de la ministra, concretó el nombramiento de Florencia Wehner Piccolo, hija de la histórica docente y bailarina Sandra Piccolo, quien supo ser secretaria de gestión educativa en la gestión anterior. Por el momento, la nómina de beneficiarios de ayudantías sigue intacta e impune como venía explotando en la olvidada gestión de Renato Delgado, sin que nadie mueva un dedo.
Resta saber si Flopy llegó con propósitos de cambios y mejora, o los silencios y la podredumbre que deambulan por las aulas del Barrio Huaico continuarán, porque en verdad entre fantasmas no se pisan la sábana. Los institutos del interior, como el IES N° 6027 de Salvador Mazza y el IES N° 6029 de Tartagal, siguen esperando respuestas que nunca llegan de la Dirección General.
Los institutos del interior, como el IES N° 6027 de Salvador Mazza y el IES N° 6029 de Tartagal, contemplan cómo sus horas asignadas se desvían para pagar sobre sueldos ajenos a la norma. El IES N° 6016 de Gral. Mosconi, el IES N° 6039 de Aguaray, el IES N° 6026 de Rosario de Lerma y el IES N° 6040 de Vaqueros también ven cómo sus recursos se esfuman.
El IES N° 6011 de Morillo, el IES N° 6050 de Santa Victoria Este, el IES N° 6028 de San Antonio de los Cobres y el IES N° 6047 de Cachi no son excepción a esta regla no escrita. Los IES N° 6001 y 6053 de Capital, por su parte, observan cómo el sistema de recursos humanos les asigna horas que nunca llegan a las aulas de sus profesorados.
Los datos son contundentes y hablan por sí solos, más de cien horas de ayudantías disponibles cada ciclo lectivo representan una erogación mensual cercana a los 10 millones de pesos. Si calculamos por año, la cifra asciende a ciento veinte millones de pesos que podrían destinarse a mejorar la formación docente en lugar de alimentar una caja negra.
