(SALTA).- (Por Diego Nofal).- Las explicaciones de Cristina Fiore suenan cada vez menos creíbles, pero lo más grave de esta cuestión, si es que hay algo más grave que defraudar al Estado pagando sobresueldos, es que siguen apareciendo elementos probatorios que complican a la gestión de la ministra de Educación y del secretario de Gestión Educativa Alejandro Williams Becker. Esta vez no son papeles presentados en una investigación judicial cuya veracidad deberá aprobarse por medio de pericias y otras cuestiones, esto es un documento elaborado por la Sindicatura General de la Provincia que en una auditoría realizada en julio de este año ya daba cuenta que los nombramientos en la escuela fantasma 7160 habían sido como mínimo irregulares.
De acuerdo con lo que se establece en la auditoría, los supuestos docentes de la escuela 7160 fueron nombrados sin intervención de la junta, tal cual lo había anticipado El Intra Salta la semana pasada. Es decir que no solo se hicieron nombramientos irregulares, sino que además las autoridades de la junta y las autoridades del Ministerio de Educación sabían perfectamente que se habían hecho nombramientos irregulares a supuestos docentes que ni siquiera acreditaban titulación para enseñar. Además se mostró que el sistema es vulnerable porque si se puede agregar a cualquier persona como asalariado del Ministerio de Educación o a cualquier persona como docente sin siquiera pasar por el sistema de la junta de clasificaciones, quiere decir que no sabemos cuántos docentes sin título hay enseñando en este momento en la provincia de Salta.
Lo más llamativo es que uno de los auditores es del riñón del inefable Nicolás Demitrópulos, es decir que si la información de las irregularidades en la escuela trucha no llegó al gobernador de la provincia es porque Nicolás Demitrópulos se encargó de que no llegaran al mandatario. La cita textual de la auditoría es contundente cuando afirma que “Personal registrado en el Sistema de Administración de Recursos Humanos que no figura en el Sistema de Gestión de Junta, con lo cual, no se observa una total integridad del universo de agentes con cargos docentes”.
El documento también señala que “En reuniones mantenidas en fecha 14/07/2026 con algunos miembros de la Junta Calificadora de Nivel Secundario y sus Modalidades, indicaron que se debe a reasignaciones y/o designaciones de personal sin su intervención”. Y agrega que “Se informó que tal situación se advierte en el Colegio Secundario N° 5242 ubicado en Barrio Los Pinares y en la Escuela de Educación Especial N° 7160 de Nivel Inicial y Primario, ubicada en Bernardo Houssay S/N° Barrio Castañares”. El escándalo sigue creciendo y las responsabilidades parecen alcanzar a los niveles más altos del gobierno provincial.
La ministra Cristina Fiore ha negado reiteradamente las irregularidades y ha defendido el funcionamiento de la unidad educativa 7160, pero los documentos de la auditoría contradicen su versión de los hechos. La oposición en la Legislatura ha reclamado la renuncia de la ministra y ha pedido que se investigue a fondo el manejo de los nombramientos docentes. El caso de la escuela fantasma se ha convertido en uno de los escándalos más graves de la gestión de Gustavo Sáenz.
La denuncia inicial fue presentada por la docente Celia Alancay ante la Fiscalía Penal de Cerrillos y luego remitida a la unidad especializada en delitos económicos. La investigación judicial avanza lentamente mientras los responsables políticos siguen en sus cargos sin dar explicaciones convincentes a la sociedad salteña. El sistema educativo provincial queda en entredicho y la confianza de los ciudadanos en las instituciones se deteriora día a día.
