(SALTA).- La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, parece haber encontrado una manera de defender su gestión en medio de los cuestionamientos que enfrenta: enumerar públicamente todo lo que le falta para administrar el sistema educativo. Sus declaraciones terminan comprometiendo al gobernador Gustavo Sáenz, responsable de las decisiones presupuestarias del Ejecutivo. La funcionaria reconoce carencias que también denuncian los docentes, mientras intenta explicar por qué su cartera no logra resolverlas.
La lectura política de sus declaraciones introduce un nuevo capítulo en la interna del Gobierno. Fiore, cuya continuidad ha sido cuestionada, describe dificultades heredadas, falta de personal y recursos insuficientes. El planteo permite interpretar que busca diferenciar su responsabilidad de las decisiones que dependen de la Gobernación. En otras palabras, cuando la ministra explica lo que no tiene, deja bajo la lupa a quien conduce la Provincia.
No se trata de declaraciones recientes. En una entrevista publicada por El Tribuno el 26 de septiembre, Fiore reconoció que el sistema educativo atraviesa una crisis de muchos años. Explicó que existen más de 2.500 unidades educativas y que constantemente deben trasladarse trabajadores para cubrir necesidades. También admitió que numerosas dependencias funcionan con escasos recursos humanos y estructuras administrativas que necesitan regularizarse.
La funcionaria reveló que 66 establecimientos dejaron de funcionar desde 2014 por falta de matrícula, aunque algunos continúan existiendo administrativamente. Sus cargos fueron utilizados para cubrir necesidades en otras instituciones. También reconoció que el sistema encargado de seguir casi 400.000 matrículas escolares trabaja con poco personal. Son dificultades que describió la propia ministra y que abren interrogantes sobre la organización y las prioridades de Educación.
Las carencias de Fiore y los reclamos que enfrenta Sáenz
Las declaraciones adquirieron actualidad con el conflicto docente. Esta semana, Fiore reconoció la existencia de 36 obras educativas paralizadas y dificultades edilicias en establecimientos técnicos. Incluso mencionó una escuela a la que se le retiró parte del techo. También admitió demoras en titularizaciones, concursos y cobertura de cargos, además de restricciones presupuestarias para actualizar el incentivo docente.
La contradicción apareció cuando la misma ministra cuestionó el paro de 72 horas convocado por la Asociación Docente Provincial (ADP). El 13 de octubre sostuvo que las medidas de fuerza no solucionan los problemas. Sin embargo, reconoció que existen reclamos pendientes y compromisos que requieren respuestas. Los docentes denuncian dificultades que la propia autoridad educativa admite públicamente, aunque Fiore considera inconveniente recurrir a una huelga.
En términos políticos, el planteo también alcanza a Sáenz. Fiore puede reorganizar dependencias o impulsar soluciones administrativas, pero las grandes decisiones de inversión, infraestructura y presupuesto involucran al gobernador. Sus explicaciones desplazan así parte de la discusión desde el Ministerio hacia la Gobernación. La ministra describe un sistema con necesidades que exceden su capacidad de respuesta y deja expuesta la responsabilidad de quien establece las prioridades del Ejecutivo.
El cuadro se agrava por los cuestionamientos sobre la unidad educativa 7160 y la renuncia de Alejandro Williams Becker a la Secretaría de Gestión Educativa. Fiore defendió las reubicaciones de personal, negó que existiera una escuela fantasma y aseguró que aportará documentación a la Justicia. También dejó expresamente en manos de Sáenz cualquier decisión sobre su eventual apartamiento del cargo.
La tensión política coincide con la suspensión del paro docente. Este viernes 16 de octubre, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria mediante la Resolución 1801. La medida dejó sin efecto la huelga prevista para el 20, 21 y 22 de octubre y abrió una negociación de 15 días hábiles. El jueves 22 está prevista una audiencia para intentar resolver los compromisos pendientes.
La conciliación le dio al Gobierno un margen para negociar, pero no eliminó las deficiencias reconocidas por Educación. Mientras los docentes esperan respuestas, Fiore continúa exponiendo dificultades que requieren decisiones del Ejecutivo provincial. Su diagnóstico puede servirle para explicar las limitaciones de su gestión, pero también coloca a Sáenz frente a una pregunta política: cuánto de lo que reclama su ministra sigue pendiente por falta de decisiones de su propio Gobierno.
