(SALTA).- (Por Diego Nofal).- Un proyecto del bloque Todos por Salta que se debate en la Cámara de Diputados propone exigir diez años de afiliación ininterrumpida al Instituto Provincial de Salud para que los trabajadores puedan incorporarse a la obra social al momento de jubilarse, una medida que, si bien se presenta como una necesidad de sustentabilidad financiera, en la práctica funciona como un ajuste silencioso que recae sobre los futuros jubilados. La iniciativa modifica la Ley 7127 y establece que quienes no hayan estado afiliados al IPS durante al menos una década antes de obtener el beneficio previsional no podrán ingresar como afiliados titulares del sector pasivo.
La fundamentación oficial sostiene que la medida busca garantizar la sustentabilidad del organismo y proteger el interés general de los trabajadores estatales que aportan durante su vida laboral activa, pero no explica por qué el ajuste debe recaer exclusivamente sobre los jubilados y no sobre otros sectores que también se benefician del sistema. El exministro de Salud Juan José Esteban admitió que el proyecto podría apuntar a jueces y fiscales, pero cuestionó su alcance, lo que sugiere que la discusión real no es solo sobre la sostenibilidad del IPS sino también sobre qué sectores deben contribuir a garantizarla.
El problema de fondo es que el IPS arrastra un déficit estructural que no se resuelve simplemente limitando el acceso de los jubilados, sino que requiere una revisión profunda de su modelo de financiamiento, de la evasión de aportes, de la gestión de los recursos y de la calidad de las prestaciones que brinda a sus afiliados. Exigir diez años de afiliación previa puede parecer una medida razonable desde una óptica contable, pero en un mercado laboral precarizado y con altas tasas de informalidad, muchos trabajadores no tienen la posibilidad de mantener una afiliación continua durante una década y quedarían excluidos de la obra social al momento de jubilarse.
El gobierno provincial, en lugar de impulsar una discusión seria y participativa sobre el futuro del sistema de salud de los estatales, parece haber optado por una solución rápida y de bajo costo político que transfiere el problema a los trabajadores que menos capacidad de presión tienen. La gestión de Gustavo Sáenz en materia de salud pública y de obra social se caracteriza por una sucesión de parches y medidas de emergencia que no atacan las causas estructurales del déficit y que terminan afectando siempre a los mismos sectores.
Los diputados que apoyan el proyecto argumentan que se trata de una medida de equidad y de protección de los recursos del sistema, pero la equidad no se construye excluyendo a los más vulnerables sino garantizando que todos los sectores aporten en función de su capacidad y que la obra social brinde prestaciones de calidad a todos sus afiliados, activos y pasivos. La discusión sobre el IPS debería ser una oportunidad para repensar el modelo de salud de los trabajadores estatales en su conjunto y no una excusa para aplicar un ajuste que, como siempre, termina pagando la parte más débil de la cadena.
