(SALTA).- (Por Diego Nofal).- La entrada en vigencia de la nueva Ley de Zona Fría ha dejado a miles de familias salteñas sin el subsidio al gas que durante años compensó las bajas temperaturas del invierno, y el gobierno provincial, lejos de asumir una postura firme de defensa de los intereses de los salteños, ha optado por un silencio que resulta cómplice y decepcionante. La norma nacional mantiene el beneficio solo para la Puna y algunas zonas de extrema montaña, pero deja afuera a la Capital, al Valle de Lerma y a otras localidades que también padecen fríos intensos durante gran parte del año.
La modificación del régimen de subsidios se aprobó con el voto de legisladores nacionales por Salta que hoy pretenden desligarse de las consecuencias de una decisión que perjudica directamente a sus propios representados.
El impacto de esta medida es particularmente grave en una provincia donde las temperaturas invernales pueden ser rigurosas y donde el gas natural es un insumo básico para la calefacción y la cocina, especialmente en los sectores más vulnerables que no pueden acceder a sistemas de calefacción eléctrica por sus altos costos. La eliminación del subsidio automático por criterio geográfico obliga a los usuarios a inscribirse en un rígido esquema de subsidios focalizados que excluye a muchas familias que antes recibían el beneficio sin necesidad de trámites adicionales.
La gestión provincial debería haber salido a pelear por una compensación para las localidades salteñas afectadas o, como mínimo, a exigir que se revisara un criterio que castiga a los salteños por vivir en zonas que, aunque no sean la Puna, tienen inviernos igualmente severos y necesidades energéticas similares. En lugar de eso, el Gobierno provincial ha dejado pasar la oportunidad de diferenciarse de las políticas de ajuste del gobierno nacional y ha optado por una postura que, en la práctica, convalida el recorte y deja a los salteños librados a su suerte.
La política energética es un tema central para el desarrollo y el bienestar de las provincias del interior y el gobierno provincial tiene la responsabilidad de alzar la voz cuando las decisiones nacionales perjudican a su población. El silencio de la Casa de Gobierno salteña frente a este ajuste contrasta con la energía que despliega para otras cuestiones y sugiere que la defensa de los intereses populares no es, lamentablemente, una prioridad en la agenda oficial.
Miles de familias salteñas que ya sintieron el impacto del aumento en sus facturas de gas esperan una reacción de sus autoridades que hasta ahora no ha llegado, y esa ausencia de respuestas concretas es una muestra más de un gobierno provincial que prefiere gestionar la emergencia antes que anticiparse a los problemas y que confunde la gobernabilidad con la sumisión frente a las directrices de Buenos Aires.
