(SALTA) – (Por Diego Nofal).- La Subsecretaría de Derechos Humanos de Salta, a cargo de Mirta Noemí Mejías, inició la articulación con el Concejo Deliberante de la capital para promover la adhesión municipal a la Ley Octorina, identificada con el número 8534. La norma fue aprobada por unanimidad en el Senado provincial el pasado 16 de abril y lleva el nombre de la dirigente wichí Octorina Zamora. La reunión de trabajo se realizó esta semana y desde el Gobierno provincial se presentó como un paso decisivo en la implementación territorial de la ley.
La crítica tranquila pero firme se centra en el tiempo transcurrido. Han pasado más de seis meses desde la sanción de la ley y recién ahora se avanza en la adhesión del municipio capitalino, cuando la norma ya está vigente en el ámbito provincial. Esa demora no se explica por complejidades técnicas ni por falta de consenso, ya que la aprobación fue unánime en la Cámara alta. Se trata más bien de una falta de prioridad política que posterga la protección efectiva de niñas, niños y mujeres de pueblos originarios que sufren violencia y discriminación.
La Ley Octorina establece herramientas para la prevención, el abordaje y la erradicación de delitos sexuales y crímenes de odio contra comunidades originarias. Su reglamentación fue impulsada mediante un proceso participativo que reunió a comunidades, organizaciones civiles y representantes de los tres poderes del Estado. Ese proceso fue valioso y debe reconocerse, pero la reglamentación sin adhesión municipal corre el riesgo de quedar como una declaración de principios sin aplicación concreta en el territorio donde ocurren la mayoría de los hechos de violencia.
La articulación con el Concejo Deliberante busca promover la adhesión de la ciudad de Salta y fortalecer acciones locales vinculadas con los objetivos de la ley. Es un paso necesario y bien orientado, pero llega después de que la norma provincial ya debía estar operativa. La pregunta que surge es por qué no se inició este trabajo en mayo o junio, cuando la ley estaba recién sancionada y el impulso político era mayor. La respuesta probablemente se encuentre en la agenda superpuesta de la gestión provincial, que suele priorizar la coyuntura mediática por sobre las políticas de derechos humanos de largo plazo.
La Subsecretaría de Derechos Humanos merece un reconocimiento por mantener el tema en la agenda y por el trabajo técnico realizado. Sin embargo la ciudadanía debe exigir que la implementación territorial no se limite a reuniones y actas sino que se traduzca en protocolos de actuación, presupuesto asignado y capacitación efectiva para los agentes municipales que toman contacto directo con las víctimas. Sin esos recursos la ley será un marco jurídico valioso pero inoperante en la práctica cotidiana.
El Gobierno provincial tiene la oportunidad de corregir el rumbo y acelerar la adhesión de otros municipios además de la capital. La Ley Octorina es una deuda histórica con los pueblos originarios de Salta y su implementación efectiva no admite más dilaciones. La crítica a la demora no es una condena a la norma sino un llamado de atención a una gestión que debe demostrar con hechos que los derechos humanos no son un discurso de ocasión sino una prioridad permanente.
