(SALTA) – (Por Diego Nofal).- El Senado de Salta avanza en un proyecto de ley que busca frenar los cortes de luz y agua a usuarios vulnerables y establecer planes de pago para regularizar deudas con EDESA y Aguas del Norte. La iniciativa, impulsada por el senador Luciano Elvira, propone que el Ente Regulador de los Servicios Públicos dictamine esquemas de refinanciación con tasas adaptadas al bolsillo de las familias endeudadas. El proyecto fue presentado como una respuesta a la crisis económica que obliga a muchos hogares a elegir entre pagar las boletas o cubrir necesidades básicas como la alimentación y la salud.
La crítica serena pero necesaria apunta a la falta de claridad sobre el financiamiento y a los riesgos de una implementación que podría generar un nuevo bache financiero en las empresas prestatarias. El senador Elvira afirmó que la medida no busca fomentar la falta de pago sino garantizar derechos básicos y que el Ente Regulador será el encargado de dictaminar los planes con una tasa mínima. Sin embargo no se especifica quién asumirá el costo de esa tasa subsidiada ni cómo se compensará a EDESA y Aguas del Norte por los ingresos que dejarán de percibir durante el período de refinanciación.
Las empresas han advertido en el pasado que los congelamientos tarifarios y los planes de pago sin compensación terminan generando un deterioro de su situación financiera que luego se traslada a los usuarios mediante nuevos aumentos o a la provincia mediante rescates costosos. El senador Elvira rechazó esas críticas y sostuvo que la medida no generará más deuda de la que ya tiene la gente. Su afirmación es razonable desde la perspectiva de los usuarios pero incompleta desde la perspectiva del sistema energético y sanitario, que requiere inversiones permanentes para garantizar la calidad y la continuidad de los servicios.
La crítica tranquila pero firme también se dirige a la lógica de los filtros para acceder al beneficio. El proyecto establece que se priorizará a jubilados, adultos mayores, personas electrodependientes y pacientes con necesidades especiales, lo que es correcto. Sin embargo la experiencia provincial muestra que los filtros suelen ser insuficientes para evitar que el beneficio llegue a quienes no lo necesitan y que la fiscalización del Ente Regulador no siempre es eficaz. La ciudadanía debe exigir que los requisitos sean claros, que la información sea accesible y que existan mecanismos de control para evitar abusos.
El proyecto del Senado es un paso positivo en la dirección correcta porque reconoce que el acceso al agua y a la electricidad no es un privilegio sino un derecho. No obstante la norma será efectiva solo si se acompaña de una asignación presupuestaria específica para compensar a las empresas y de una campaña de información pública que explique a los usuarios cómo acceder a los planes de pago. Sin esas condiciones la ley podría quedar como un enunciado bienintencionado que no resuelve el problema de fondo.
El Gobierno provincial tiene la responsabilidad de garantizar que la implementación de esta ley no se convierta en un nuevo foco de conflicto con las prestatarias ni en una carga insostenible para las finanzas provinciales. La crítica a la falta de detalles no es una oposición al proyecto sino un llamado de atención para que se legisle con responsabilidad y se prevean los efectos secundarios de una medida que afecta a servicios esenciales.
