(SALTA).- (Por Diego Nofal).- La asunción de María Edith Rodríguez como fiscal ante la Corte de Justicia de Salta Nº 2 completó la integración de esas fiscalías, según informó el propio gobierno provincial tras el acto de juramento que contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz. La designación, formalizada por decreto y con acuerdo del Senado, cumple con los procedimientos formales, pero eso no despeja las dudas sobre la salud general del sistema judicial salteño.
Rodríguez se desempeñaba como jueza del Tribunal de Impugnación y llega a un cargo clave para la articulación entre el Ministerio Público Fiscal y la Corte de Justicia, y su experiencia previa es un aval que no se discute. Sin embargo, la idoneidad individual de la funcionaria no alcanza para responder las preguntas más incómodas sobre la independencia y la eficacia del Poder Judicial en la provincia.
La Justicia salteña arrastra problemas estructurales que no se resuelven con una designación por más correcta que sea en términos formales. Los tiempos procesales, la sobrecarga de causas, la falta de recursos y la percepción pública de lentitud son deudas que el gobierno provincial y la Corte deberían abordar con la misma celeridad con la que cubren las vacantes.
El acto de juramento en el salón Facundo de Zuviría de la Ciudad Judicial fue un gesto institucional necesario, pero también una oportunidad perdida para anunciar reformas de fondo que la sociedad viene reclamando desde hace años. La presencia del gobernador en la ceremonia sugiere que el Ejecutivo quiere mostrarse comprometido con la Justicia, aunque el compromiso se mida más en actos protocolares que en decisiones concretas.
La designación de Rodríguez también invita a preguntar por los criterios de selección y por el peso de la política en un ámbito que debería regirse exclusivamente por los méritos técnicos y la independencia de criterio. No hay indicios de irregularidades en este caso, pero la sola sospecha sobre los mecanismos de nombramiento en la Justicia provincial es un problema que el sistema no puede seguir ignorando.
La provincia necesita una Justicia que funcione con autonomía y que rinda cuentas de sus resultados, y la llegada de una nueva fiscal ante la Corte es una ocasión para reflexionar sobre esos desafíos. La designación de María Edith Rodríguez es un paso administrativo, pero la verdadera prueba de fuego será su desempeño y la capacidad del sistema para resistir presiones que nunca se reconocen en público.
