(SALTA).- (Por Diego Nofal).- La aparición de Ada Zunino en las conversaciones electorales del saencismo confirma una práctica que se repite en la política salteña y que consiste en utilizar los cargos públicos como plataformas de proyección individual. La actual defensora oficial de la Provincia, recordada por ordenar la represión a docentes en 2023, suena como posible candidata a diputada nacional, diputada provincial o incluso vicegobernadora, según admiten fuentes del oficialismo.
La cercanía personal de Zunino con Gustavo Sáenz alimenta las especulaciones sobre su futuro político, pero también vuelve inevitable una discusión de fondo sobre los límites entre la función pública y la campaña electoral. Una Defensoría no es una oficina de campaña y un cargo institucional no debería convertirse en una vidriera para promocionar candidaturas, y sin embargo en Salta esa frontera parece difusa cuando se trata de los amigos del gobernador.
Los antecedentes de Zunino tampoco son un dato menor, porque incluyen declaraciones a favor de la pena de muerte, cuestionamientos por su actuación en expedientes judiciales y controversias por el manejo de fondos en su despacho. Su designación como defensora oficial estuvo rodeada de irregularidades y su gestión ha estado marcada por la polémica, lo que la convierte en una figura especialmente cuestionada para ocupar un cargo electivo.
El uso del Estado como trampolín electoral no es un problema exclusivo de Zunino ni del saencismo, pero su caso es paradigmático porque combina la cercanía con el poder, los antecedentes controvertidos y la falta de escrúpulos para promocionar una candidatura desde un organismo que debería ser imparcial. La política salteña necesita funcionarios que respeten la institucionalidad y que no confundan el servicio público con una escalera para ambiciones personales.
El Gobierno de Sáenz tiene la oportunidad de marcar una diferencia y de establecer reglas claras sobre la separación entre la función pública y la actividad proselitista, pero hasta ahora no ha dado señales de querer hacerlo. La opacidad y la permisividad frente a estas prácticas profundizan la desconfianza de la ciudadanía hacia una dirigencia que parece más preocupada por perpetuarse en el poder que por resolver los problemas reales de la provincia.
La Defensoría Oficial debe ser un espacio de defensa de los derechos de los ciudadanos y no una plataforma para construir candidaturas. Zunino tiene derecho a aspirar a cualquier cargo, pero no puede hacerlo utilizando los recursos y la estructura del Estado como si fueran propios, y el gobernador debería ser el primero en garantizar que esa línea no se cruce.
