Fernando Vargas era un hombre pobre hasta que la visita domiciliaria de una aguda asistente social especializada en soluciones emergentes de miseria lo convirtió en un pobre infeliz. Apenas resguardado de las lluvias de la pasada semana por unas chapas sin paredes ni elementos y/o materiales que lo ayuden a sobrellevar la tragedia de un incendio. La División de Bomeros en Salta intervino y tuvo que soportar las opiniones vejatorias de su calidad de vulnerable social de una fulana que se imprime como Licenciada Florencia Aramayo Ortiz.
“No se observan perdidas mayores que chapas, algunas maderas -tarimas- un catre que funcionaría como cama. No se visualizan colchones, tampoco electrodomésticos, ni muebles” refiere la astuta licenciada en sus consideraciones que la llevan a inferir que, efectivamente, Vargas no posee absolutamente nada.
El informe social continúa en relación al incendio que amerita a simple vista asistencia estatal que “se analizan contrariedades en el discurso del Sr. Vargas, con las pericias y lo que se observa: Él refiere que tenia dos casillas de maderas distintas, una suya y otra de su papá, que tenían electrodomésticos varios y camas individuales”.
La pericia realizada por la División de Bomberos de la Provincia de Salta destacó que el incendio causó daños totales en la habitación de 6x2x3 en la que se encontraría una estantería con ropas varias, papeles varios, una heladera y un televisor marca no legible, cama y colchón de una plaza. La mendacidad que se le atribuye al pobre sujeto es la pretensión insolente de haber deseado tener una cama individual para él y otra para su hijo de 30 años con quien salen a changuear.
Asimismo, la perspicacia de la agente de administración pública perteneciente al ministerio que comanda la diseñadora gráfica y estudiante básica de sociología, Verónica Figueroa destaca que “para la cantidad de años que lleva residiendo allí, la construcción es muy precaria, dejando a dudativa la temporalidad de residencia”, una apreciación desubicada y estigmatizante que prescribe, según la mirada clasista de Aramayo Ortíz, que los pobres deberían prosperar en su pobreza con el paso de los años y no mantener la misma cantidad de chapas que hace una década. Cabe destacar que no le corresponde a la funcionaria pública ni juzgar la situación crítica ni generar conjetura alguna sobre la trazabilidad de la vulnerabilidad social que tiene ante sus ojos sino solo merituarla a los fines de la asistencia urgente.
Vargas y su hijo fueron revictmizados en varias oportunidades por la dependencia de Desarrollo Social Provincial repitiendo su versión desesperada, “aprovechada” a los ojos de las operadoras, a un tribunal inquisidor compuesto por un par de tilingas pertenecientes al estamento político que se tomaron el trabajo de detectar las falsedades en los dichos tanto de padre e hijo relacionados a lo que efectivamente habían perdido cuando se les quemó el rancho hechizo sito en un terreno fiscal.
Siguiendo con el derrotero burocrático el mismo tipo de suspicacias detecta el informe oficial de Torquemada con el motivo del ignifugo ya que el Sr. Vargas refiere que fue por un corte eléctrico en el tablero mientras que la intervención de los bomberos dicta que el incendio se había originado por la caída de una colilla de cigarrillo sobre colchón aunque tales consideraciones tampoco son relevantes al momento de reponer un par de camas de madera ordinaria como si el motivo del incendio eximiera al Ministerio Social de Saénz de tal feroz desprendimiento asistencial.
Asimismo, las elucubraciones acerca de las condiciones materiales de vida que el damnificado tenía o no antes del incendio son un mero onanismo del criterio de las integrantes de Abordaje Territorial oficial ya que no cuentan con electrodomésticos como parte de la ayuda que propenden a quienes necesitan tales elementos ya que el Gobierno de la Provincia no invierte en este tipo de situaciones de carencia. Cabe destacar que el servicio de luz de casi todo Floresta es precario y ensamblado, lo que significa que están “colgados” de la luz y se las ingenian para comer , un derecho que también los asiste, cocinando a leña o en anafe eléctrico y sólo de vez en cuando. Para tal cuadro de miseria más que explícito la asistente social no considera la provisión de chapas , tirantes o bloques sino que atento a su propia miseria oficial se permite recomendar como paliativos a los integrantes de la familia Vargas: dos módulos alimentarios, cuatro mudas de ropa (no especifica si son dos mudas para cada uno capaz padre o hijo se ventajeen entre ellos y alguno manotee un calzoncillo de más) y lo más importante, cuatro kits de higiene personal de hombre, sin desodorante.
La aporofobia es la repulsión a los pobres y se complementa de forma perversa con la aplicación forzada de criterios de clase media a prácticas de clases sociales vulnerables con el pretexto del sentido común: Aramayo Ortíz prejuzga con sus conjeturas que Vargas no puede haber tenido lo que dice haber perdido, que su situación de indigencia no se condice con el tiempo que viene expulsado por la línea de pobreza al tiempo que el Gobierno Provincial tampoco le repondrá ni lo mínimo que necesita para sobrevivir ya que, en términos macroeconómicos, apenas abona el sueldo de la brillante evaluadora de miseria.
Ni hablar de una política pública que apunte al desarrollo humano de todos los Vargas que pernoctan en ranchos y pretenden dormir en camas individuales apenas es exigible al Gobierno Saencista una limpieza obligada, mínimamente cristiana que considere al prójimo como alguien que necesita jabón para poder sobrevivir.
