El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó este viernes por la mañana un nuevo acto de asunción de autoridades de la Jefatura de la Policía de Salta. Con una postura realista, el mandatario solo les pidió “velar por la seguridad de todos los salteños”. Sin embargo, a pesar de las sombras que dejan los casos de violencia institucional, el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Abel Cornejo, sorprendió con su insólito deseo: “Esta Policía que está destinada y puede lograr ser la mejor fuerza del país”.
De esta manera, asumió como nuevo jefe de la Policía de Salta, el comisario general Miguel Mariano Ceballos y como subjefe comisario general Pablo Alejandro Vilte. “Hoy asumieron dos personas de la familia policial con prestigio y con un legajo impecable así que vinimos a acompañarlos. Seguiremos trabajando juntos por el mismo objetivo, el de velar por la seguridad de todos los salteños”, aseguró Gustavo Sáenz sin mayores pedidos ni deseos sobre una institución muy cuestionada.
Por su parte, el ministro Abel Cornejo volvió a manifestar sus curiosos objetivos, como el de comprar helicópteros o mandar a los efectivos con sobrepeso al gimnasio, entre otros. “Hoy asumen dos oficiales distinguidos de la familia policial, estarán al frente de esta Policía que está destinada y puede lograr ser la mejor fuerza del país, para eso trabajamos y ponemos nuestro esfuerzo”, expresó el titular de la cartera que asumió hace dos meses, a principios de noviembre pasado.
En esta línea, el exprocurador de la Provincia también reveló: “Nos interesa tener en miras una Salta inclusiva y abarcadora donde la Policía de la Provincia cumpla un rol indispensable desde lo institucional, el de nada menos que ser la sostenedora de la paz y armonía social”. Lejos quedaron los tiempos cuando impulsaba a sus fiscales a investigar e imputar a los efectivos acusados por violencia institucional.
Abel Cornejo cambió de escritorio y no hay datos sobre los abusos policiales
A mediados del 2021, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos de Salta había informado que entre enero y junio de ese año se presentaron más de mil denuncias por abuso y maltrato contra efectivos de la fuerza de seguridad. Sin embargo, este tipo de datos dejaron de difundirse con la salida de Abel Cornejo. El exprocurador que antes impulsaba las causas contra los policías, mediante la fiscal penal Verónica Simensen de Bielke, habría terminado con esta problemática desde su nuevo cargo como responsable de la Policía de Salta.
Habría que esperar hasta el 5 de noviembre de 2021 para encontrar nuevos datos sobre esta delicada situación que sufre la provincia. El nuevo fiscal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, le aseguró a Salta 12 aquella jornada que en lo que iba del 2021 había “abiertos 46 legajos, 46 investigaciones en curso, de las cuales 42 tienen requerimiento a juicio“. Así mencionó las causas contra personal policial y del Servicio Penitenciario por violencia institucional, aunque no se reflejan con los datos mencionados en el párrafo anterior.
Luego el funcionario agregó que a esa fecha había 175 efectivos imputados de ambas fuerzas de seguridad de la provincia, mayormente de la Policía de Salta. De esa cifra, 154 efectivos ya habrían sido requeridos a juicio. “Entiendo, como muchísimos autores, que esta es una práctica sistemática, que no son hechos aislados y que reproduce una violencia intolerable para un estado de derecho”, lamentó González sin explicar porque motivo el Ministerio Público Fiscal de Salta, ahora bajo el mando de Pedro García Castiella, dejó de publicar estos datos no menores.
“Estas prácticas se tienen que desterrar, es una deuda pendiente. Sobre todo luego de haber recuperado la democracia en el 83″, planteó el fiscal sobre la violencia institucional en Salta y en el resto del país. Luego también aclaró algo importante, que “muchísimos casos que quedan en cifras oscuras o negras” porque las víctimas no logran hacer las denuncias correspondientes.
El “Cómite contra la Tortura” cajoneado por Villada
Por último, cabe recordar que la “Comisión provincial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” continúa bajo la espera del Gobierno provincial. Esta entidad, a pesar de haber sido creada por ley, aún no puede comenzar a funcionar por cuestiones burocráticas. Se trata de un organismo que surgió a instancias de Naciones Unidas con el fin de garantizar los derechos que tienen los detenidos básicamente por existir como seres humanos, esto es independientemente de la nacionalidad, género, raza, color, religión, idioma o cualquier otra condición.
En Salta, se sancionó la Ley 8.024, en 2017 y la misma se promulgó en 2018, con observaciones del Ejecutivo. Pero solo falta el decreto que asigne las partidas para que pueda comenzar a funcionar. El ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, hace un año convocó a los integrantes elegidos para el Comité y les prometió que en enero saldría el decreto correspondiente. Al parecer, el verdadero objetivo de Gustavo Sáenz sería proteger solo a los policías de Salta.
