Un juez dictaminó que la provincia de Salta debe garantizar albergues de tránsito para pacientes y sus familias originarias trasladadas por razones de salud. También exigió que designen facilitadores interculturales en los hospitales. Durante la última semana se conoció el fallecimiento de varios menores de estas comunidades y en todos los casos hay causas vinculadas a la desnutrición. Según cifras oficiales habría más de 7.500 niñas y niños con riesgo nutricional. Mientras tanto, los funcionarios del gobernador Gustavo Sáenz solo muestran reuniones sin anunciar soluciones para una problemática histórica.
En las últimas jornadas llegaron trágicas noticias desde el norte salteño y que reflejan la crisis sociosanitaria, como bien informó El Intra (Ver nota: «No tenemos miedo”: despidieron a la nena wichí asesinada en Salta y advirtieron al Gobierno provincial). Entre varios casos, el 15 de enero se supo del femicidio de la nena wichí, de 12 años de edad, y entre el martes y el miércoles último fallecieron dos bebés de otras comunidades originarias de Salta. También se notificó la muerte de un pequeño indígena y de tres que estarían internados en grave estado.
En este contexto, se dio a conocer una resolución del magistrado Eduardo Barrionuevo, quien es vocal del Tribunal de Impugnación y ordenó al Gobierno de Salta garantizar albergues para las personas, y sus parientes, que deban ser trasladadas por razones de salud a la ciudad de Salta y a otros centros urbanos de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. Estos últimos son comprendidos en la declaración de la emergencia socio sanitaria que aprobó la Legislatura de la Provincia.
Las órdenes del juez al Gobierno por las muertes de niños
En este mismo sentido, el juez ordenó designar facilitadores interculturales en los hospitales de San Martín, Rivadavia y Orán. Se trata de una medida que ya existe en el Hospital de Tartagal, donde hay 13, y también los centros de salud de la Capital provincial deberán contar con estos profesionales. Según detalla Salta 12, esta decisión de Barrionuevo se tomó al admitir una medida cautelar solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ, integrante del colectivo Infancia en Deuda) y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma en un amparo colectivo presentado por la falta de aplicación y reglamentación de la ley provincial N° 7856, de salud intercultural.
Según manifestó el magistrado en su fallo, es muy claro “el peligro en la demora”. “Por la propia situación de emergencia constatada y definida por el Estado Provincial, a lo que debe sumarse la situación estacionaria estival y las enfermedades endémicas de la zona y del covid-19”, planteó de manera contundente sobre la crisis que se profundiza cada año.
En el mismo sentido, Barrionuevo recordó que en la provincia de Salta hay actualmente unas 500 comunidades indígenas de 14 pueblos originarios. «Viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable», lamentó con una radiografía sobre la situación. Allí puntualizó en los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín, donde en enero de 2020 se declaró la emergencia socio sanitaria tras la muerte de al menos nueve niñas y niños indígenas cuando apenas asumió Gustavo Sáenz.
Cabe precisar que según la información oficial, hay al menos 7543 niñas y niños de entre 0 y 5 años que residen en el norte provincial de Salta y que padecen “riesgo nutricional”. «Además, los fallecimientos están lejos de disminuir. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, en los territorios de emergencia fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y, en el transcurso de los primeros 6 meses de 2021, se registraron 64 casos», agregó el fallo judicial. «Recientemente el actual Ministro de Salud Pública de la Provincia (Juan José Esteban) reconoció públicamente que este año se inició con más muertes por desnutrición y complicaciones por deshidratación», recordó las palabras del funcionario de una cartera clave.
La promesa de «eficientizar el sistema de asistencia»
Mientras tanto, el Gobierno provincial aseguró este miércoles que proyecta crear una “Unidad Coordinadora interministerial”, aunque no detallaron cuándo sería su puesta en funcionamiento. Según explicaron, esta Unidad deberá recibir, articular, derivar y ejecutar «con los organismos correspondientes la atención que requieran comunidades del norte provincial ante diferentes tipos de emergencias».
Así lo informó la administración de Gustavo Sáenz tras una reunión de emergencia entre el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo; la ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas, y el secretario de la Delegación de Asuntos Indígenas, Marcelo Córdova. En el parte de prensa solo describieron que se vieron las caras para «avanzar en el trabajo interministerial que permita eficientizar el sistema de asistencia» y atender a las poblaciones vulnerables del norte provincial.
