La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó al exintendente de Iruya, Alfredo Soto, por malversación de fondos. El mismo se negó a declarar y adelantó que presentará su descargo escrito por la acusación del delito de peculado. Hay que recordar que llegó a la intendencia del pueblo de la provincia de Salta junto a la lista de Sergio “Oso” Leavy.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos inició la investigación luego de una denuncia realizada el 18 de febrero de 2020 por la apoderada de la Municipalidad de Iruya. Esta llevó adelante la acusación en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal. Según trascendió, la funcionaria aseguraba que, según la auditoría de la comuna, se veía un faltante de una suma que llegaba a los $7.773.758,89.
Además, luego de finalizado el mandato de Alfredo Soto (2015/2019) entró un informe de cheques rechazados. La particularidad es que fueron emitidos un día antes de la finalización de la gestión, por un valor de $5.397.032,62. El análisis ejecutado por el gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) arrojó la existencia de tres cheques librados por el intendente por $970.000 y que fueron cobrados por él mismo.
Por otro lado, se conoció que, durante el mismo gobierno, la Municipalidad de Iruya recibió de los programas sociales AIPAS; Asistencia Crítica y Pan Casero, un importe total de $14.594.982,93. De este total, solo habrían sido rendidos $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de $5.878.073,43. En detalle, de las investigaciones surgió un faltante de dinero de $6.848.073,43 que debía ser administrado por el intendente.
Una larga lista de intendentes corruptos
Esta no es la primera vez que se levanta la polémica por la corrupción de intendentes en los distintos pueblos de la provincia de Salta. Lamentablemente, hay una larga sucesión de mandatarios cuyos municipios fueron intervenidos por diferentes irregularidades y delitos en los últimos años. Uno de los casos más recordados en estos tiempos es el del enriquecimiento ilícito del jefe comunal de Salvador Mazza, Rubén Méndez.
En la misma localidad, el exjefe comunal, Carlos Villalba, fue detenido en Salta Capital, en un prostíbulo, en el marco de un operativo contra la trata de personas. El polémico intendente había recibido un sinfín de denuncias por irregularidades en la gestión, formuladas tanto por el Concejo Deliberante, como por la Auditoría General de la Provincia y los gremios municipales. Hasta ese momento no había sido investigado por la Justicia.
Otro caso se dio en el Norte de la provincia, cuando el exintendente de Aguaray, Enrique “Quique” Prado, fue sacado de su largo. Así se decidió luego de la intervención del gobernador, Gustavo Sáenz, tras confirmarse su participación en el robo de caños del Gasoducto del NEA. Por este delito, fue condenado a seis años de prisión domiciliaria hasta que el pasado diciembre, Casación Penal dispuso su liberación.
Intervención en El Bordo
Por último, en enero de 2015 fue intervenido el municipio de El Bordo, en el departamento General Güemes. En dicha oportunidad, se hicieron públicas fotos del intendente, Juan Rosario “Chicho” Mazzone en “zunga” junto a un grupo de menores de edad en ropa interior. Pese a las excusas del exjefe comunal, la polémica tomó tanta relevancia que el gobernador Juan Manuel Urtubey tuvo que pedir la intervención del municipio.
