(SALTA).- Aunque durante el primer año de la pandemia, los casos de abusos cometidos por policías, se redujo, desde el 2021 las estadísticas volvieron a subir en la provincia de Salta. En lo que va de este mes, por ejemplo, ocho efectivos fue objeto de proceso penales, uno de ello, incluso resultó condenado.
El caso más grave, sin dudas, se registró el 9 de febrero en el barrio Atocha II, cuando una patrulla de tres efectivos llegó a la casa de Daniel Cruz, ubicada muy cerca de la dependencia policial de barrio San Rafael y el Centro de Saludo de esa zona.
La presencia policial se debió realizado por una hija de Cruz al 911, a través del cual pedía ayuda para su madre, quien era víctima de un hecho de violencia de género perpetrado por Cruz, quien, ante la llegada de los uniformados, salió para enfrentarlos y exigirles que se vayan.
Tras usar a su mujer de escudo, Cruz, en un momento dado, tomó un cuchillo y se encerró en una habitación, circunstancias en que un sargento, autorizado por la pareja del belicoso, se dirigió a la puerta de la habitación para sacar por la fuerza al agresor.
Cuando estaba frente a la puerta, Cruz salió armado con el cuchillo y le asestó al sargento una cuchillada, lo que hizo caer al suboficial, quien al desvanecerse pudo extraer su arma y realizar un par de tiros, uno de los cuales hirió gravemente al atacante.
Minutos después, una ambulancia llegó al lugar y atendió primer al policía herido, quien tenía clavado el cuchillo en las costillas, llevándolo de urgencia al hospital San Bernardo, para luego regresar por Cruz, quien ingreso con vida al nosocomio, pero a los pocos minutos falleció.
El hecho generó posturas cruzadas entre los vecinos y familiares. Los primeros se pronunciaron a favor de los policías, mientras que los parientes de la víctima, entre ellos la viuda, dijeron que los policías le gritaban a cruz que se muera. “Vos te tenés que morir, hijo de puta”, decían, a la vez que lo patearon.
Pese a las versiones cruzadas, entre ellas la del Secretario de Seguridad de la Provincia, Benjamín Cruz, quien afirmó que los policías actuaron de manera correcta y aseguró que gracias a la intervención de los mismos se pudo evitar otro femicidio.
Según el fiscal, los policías se hallaban inmersos en el ámbito de su competencia funcional, ingresando en carácter de miembros de la fuerza policial en el domicilio del fallecido y que habrían actuado con una letalidad no autorizada. En función de ellos, los tres uniformados permanecen detenidos.
A los golpes
Por otra parte, y también en el curso de esta semana, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, imputó a cuatro efectivos por “supuesta comisión del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia” en perjuicio de un hombre de 32 años que padece el “Síndrome de Tourette”.
El denunciante, Facundo Patrese, indicó que los policías lo golpearon mientras lo trasladaban en el móvil policial y añadió que no están siendo acusados por la fiscalía otros efectivos que lo violentaron y lo sometieron a tortura psicológica ya dentro de la Comisaría 20 de Orán.
Por esta denuncia, resultaron imputados un subcomisario, un oficial ayudante y dos cabos. Patrese, al brindar declaraciones sobre el hecho, sostuvo que el 23 de enero, en un boliche de Orán, un grupo de varones le hizo comentarios ofensivos respecto a su novia y ello derivó en una pelea.
En vista de ello, intervino la policía y terminaron llevándoselo detenido en un móvil policial. El empresario, quien explota una cadena de farmacias. Sobre lo sucedido, dijo que fue golpeado dentro del patrullero y que fue examinado en el hospital San Vicente de Paul, donde un médico reveló que no tenía lesiones.
Después de eso, “me meten dos piñas, me tiran en la caja en medio de dos maderitas y boca “. Sobre las lesiones, explicó que resultó con hematomas de cuatro centímetros. “Me pegan dos culatazos en el hemisferio derecho, en la cabeza y patadas con los borcegos en la espalda, en los hombros, en todos lados”.
Agregó que, a las pocas cuadras, en una esquina, “me dan vuelta y me ponen la rodilla en el cuello”, lo ingresan a la Comisaría donde lo pusieron a un costado, en un lugar fuera de la cobertura de la cámara de seguridad.
Allí, “me torturan sin que vean las cámaras. Me ponen boca abajo mi frente chocaba el piso, me apretaban las esposas”. Más tarde, frente a la cámara, “me agarran bien y me atan a la reja, me insultan y me dicen de todo, me agreden verbalmente”.
Lo peor fue que los policías le dijeron que iban a violar a su madre discapacitada y a su novia embarazada. Pastrese, por ello, pidió al fiscal que revise la cámara de la Comisaría porque en ella se ve esa escena, al igual que los gritos proferidos pidiendo agua para tomar la medicación por el Síndrome de Tourette y no se la facilitaron.
Sobre su relato, el fiscal Gonzáles llevó adelante numerosas diligencias procesales, las que permitieron identificar a cuatro policías como presuntos responsables del delito de vejaciones agravado por el uso de la violencia. En la imputación, la fiscalía destacó los certificados, estudios médicos y fotografías aportados por el damnificado para probar sus lesiones.
Condenado
El martes pasado, en tanto, la jueza María Gabriela González, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio, condenó por los delitos de amenazas con arma y amenazas, en concurso real, al policía José Antonio Fernández, quien recibió una pena de dos años de prisión condicional.
La acusación penal en su contra derivo de la denuncia de su expareja, quien lo acusó por un hecho de violencia de género. En su fallo, la jueza ordenó la libertad del imputado por la modalidad de la pena dictada y le fijó una serie de reglas de conducta que deberá observar durante dos años con expreso apercibimiento de revocársele la prisión en suspenso en caso de incumplimiento.
Fernández, ahora, deberá fijar domicilio e informar cualquier cambio al tribunal; abstenerse de acercarse a la denunciante y de ejercer actos de violencia física o psíquica en su contra; someterse a psicoterapia para el control de sus impulsos violentos y presentar la constancia de inicio en un plazo de quince días a partir del momento en que la sentencia quede firme, y constancia de su evolución cada tres meses, hasta la acreditación del alta respectiva; abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados.
