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Policía de Salta: diez efectivos sometidos a juicio por abuso de armas y vejaciones

En uno de los casos, un comisario y 4 subalternos están acusados de pergeñar una causa para perjudicar al hijo de una periodista crítica de la labor policial, mientras que otros cinco son juzgados por dispararle en el ojo a un soldado voluntario.

Policía de Salta
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SALTA-. Aunque será corta, por los feriados de Semana Santa, 10 efectivos de la Policía de Salta que son sometidos a juicio en esta ciudad y en Metán, enfrentarán una semana bastante complicada en sendos debates. Es que la situación del comisario Walter Mamani y otros cuatro subalternos va de mal en peor, mientras que los cinco policías que hirieron a un soldado, es aún peor, pues el viernes pasado la fiscalía amplió la acusación penal en contra de los acusados.

A la inseguridad que se hace notar en la ciudad y en el interior provincial y el escándalo por la participación de policías en una financiera trucha que crece día a día, ahora se suma el descrédito por la posible condena de 10 policías que están siendo juzgados por graves cometidos en el ejercicio de sus funciones.

La situación es buena para la Policía de Salta, institución que, desde el festejo de su reciente aniversario, el 26 de marzo pasado, parece venir en picada. Sin dudas, el hecho que más afecto fue sin dudas el escándalo por el fraude de la financiera Ríos y Asociados, en la que no sólo se verificó la participación de policías sino también se comprobó el uso de dinero de la cuenta bancaria de esa fuerza.

Aunque para esta semana están previstas otras 2 imputaciones más contra policías por este fraude millonario, la atención mediática estará en gran parte en lo que suceda con 10 policías que son juzgados por delitos que van desde abuso de armas, lesiones graves, vejaciones, privación ilegítima de la libertad hasta falsedad ideológica.

Uno de esos juicios se lleva adelante en la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, donde el juez Ramón Haddad, lleva adelante el debate seguido en contra del comisario Mamani como presunto autor de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real.

Junto al comisario también son juzgados los efectivos de la Policía de Salta Juan Giménez, Antolina Díaz, Sergio Argañaraz y Franco Vizgarra por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, coacción y vejaciones agravadas con fines de venganza.

Los hechos por los que Mamani y compañía son juzgados ocurrieron entre el 28 de junio y el 2 de julio de 2020, cuando el comisario llevó adelante procedimientos ilegales con la intención de meter preso a Luciano Diez, hijo de una periodista y dueña de un canal de cable local.

Venganza

Según la acusación fiscal, los policías “armaron” toda la causa penal contra Diez para vengarse de su madre, quien habían realizado críticas por la falta de seguridad en Apolinario Saravia, donde se registraron los hechos, entre ellos tiros al aire contra el joven y su detención, en dos ocasiones por delitos de resistencia a la autoridad.

Desde su inicio, la situación del comisario y los otros cuatros policías vino de mal en peor, pues todos los testigos dejaron mal parado a los acusados, quienes buscan imperiosamente una mano milagrosa para revertir la situación, sin embargo, nada parece serle favorable en el horizonte.

El viernes pasado, por ejemplo, declaró el abogado Sergio Ariel Dantur, ex auxiliar fiscal de Joaquín V. González, donde se inició la investigación penal del caso. En su relato, el ex funcionario judicial comprometió aún más la situación de los cuatro policías.

Dantur sostuvo que atendió las consultas en ambos hechos y que dio las directivas basado en lo que el ex comisario Mamaní le relató. No obstante, reconoció algunas circunstancias que le resultaron al menos extrañas del reporte del jefe policial de ese entonces, razón por la cual decidió consultar el caso con el fiscal.

Cabe mencionar que Dantur había sido imputado por filtrar información a Mamani, sin embargo, el juez de Impugnación, Luciano Martini lo eximió de responsabilidad bajo el argumento de que la fiscal había secuestrado su teléfono particular sin una orden judicial.

Esta semana se espera que se concluya con las testimoniales, para luego pasar a los alegatos y veredicto, instancia que, de acuerdo a lo ventilado hasta ahora en el debate, podría serle totalmente adversas a los miembros de la Policía de Salta dada la escala penal de los delitos imputados.

Soldado voluntario

Por otra parte, y desde 1 de abril, la Sala IV del Tribunal de Juicio de esta ciudad lleva adelante otro juicio contra el sargento Mario Alberto Funes, el suboficial principal Luis Armando Quispe, el sargento ayudante Diego Alberto Cachi, el cabo Víctor Fabián Díaz y el agente Lucas Daniel González por vejaciones calificadas y lesiones graves en concurso ideal. El hecho ocurrió en julio de 2020.

Al respecto, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, lleva adelante la acusación de los policías por un hecho en el que resultó perjudicado Néstor Ramón Ávalos, un joven soldado voluntario del Ejército, quien perdió el ojo izquierdo debido a un disparo de bala de goma realizado por los acusados.

El hecho ocurrió en la noche del 29 de julio de 2020 en barrio Norte Grande, cuando los acusados -a bordo de un automóvil- en su rol de efectivos policiales, efectuaron un disparo con un arma larga que impactó en la víctima, provocándole la pérdida del ojo izquierdo.

Luego de haber efectuado el disparo y pese a haber advertido que Ávalos se encontraba herido de gravedad, los efectivos policiales omitieron prestarle el auxilio necesario para su traslado a un centro de asistencial, actitud que los puso en una situación aún más complicada.

Tanto que el viernes pasado, la fiscalía formalizó la ampliación de la acusación por la calificación jurídica de lesiones graves agravadas por abuso funcional y por el uso de arma de fuego y lo fue en los términos de los artículos 90,92, 80, inciso, 10 y 41 bis del Código Penal.